Este sería uno de los voceros entre el Gobierno y los miembros de grupos armados ilegales que buscan ser gestores de paz

Durante la campaña presidencial del actual mandatario, Gustavo Petro, se presentó una fuerte polémica que inmiscuyo al hermano del líder de izquierda, Juan Fernando Petro tras una visita que tuvo en la cárcel La Picota, junto con el actual comisionado para la paz Danilo Rueda, de acuerdo con su testimonio en ese momento, aunque fue a socializar las propuestas de su hermano no se presentó en el establecimiento penitenciario como representante de la campaña. Sin embargo, tiempo después salió a la luz testimonios de presos que aseguraron que les estaría ofreciendo rebajas de pena a través de una reforma a la justicia y eliminación de jueces de ejecución de penas.

Pasado ya diez meses de la polémica, el 8 de enero El Tiempo dio a conocer que uno de los voceros claves entre el Gobierno Nacional y los miembros de grupos armados ilegales que se encuentran tras las rejas y que buscan ser gestores de paz, es el abogado penalista Pedro Niño, mismo que en abril de 2021 le gestionó la entrada a La Picota a Juan Fernando Petro.

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De acuerdo con el mismo Petro, lo que hace que sea un buen vocero es su trabajo de 20 años como defensor de políticos y empresarios condenados por asociarse con grupos paramilitares. De acuerdo a la información, Niño se ha convertido en el hombre clave de los acercamientos, puntualmente, con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- o como se conocen popularmente el Clan del Golfo.

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En este sentido, el mismo penalista le explicó a el diario El País que ser el intermediario entre las partes se debe a que así lo pidió el grupo narcotraficante:

El penalista no sería el único habilitado para cumplir con esta labor durante este proceso, ya que existen otros abogados, de los cuales no se saben aún los nombres pero que ya firmaron las resoluciones respectivas.

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Inicialmente, este proceso, que hace parte del proyecto de ‘Paz Total’ sería bajo la figura de acogimiento a la justicia, apelando a la figura usada en el 2005 en la negociación que se dio durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las entonces denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, pero que tuvieron que cambiar a sometimiento debido a que la Corte Constitucional dejó sin efecto dicho artículo.

Por ahora lo que se sabe de estos procesos es lo mencionado el 31 de diciembre por el mismo presidente, mediante su cuenta oficial de Twitter, sobre el primer acuerdo de cese al fuego con algunas estructuras ilegales y que comenzó a aplicar en este 2023.

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