Catherine Juvinao se despachó contra el director de Función Pública por modificación de los contratos de prestación de servicios

La representante a la Cámara Catherine Juvinao sostiene que la modificación de los contratos de prestación de servicios que deberá empezar a funcionar este año puede ser ilegal e inconstitucional. Incluso señaló que el director de Función Pública, César Manrique, “no tiene presentación” para liderar el proceso.

Juvinao, del partido Verde, reunió varios indicios de lo inconveniente de la modificación por hechos que ocurrieron durante la formulación de la circular emitida el 30 de diciembre de 2022, con la que se establecieron los lineamientos del Plan de formalización del empleo público en equidad - vigencia 2023.

El primer hecho que resaltó la representante se refiere a la carta del Ministerio de Trabajo a la Presidencia que cuestionó la articulación con esa cartera para expedir los lineamientos. Además, que, de acuerdo con esa entidad, la asignación de recursos de inversión y funcionamiento ya se surtió por lo que es imposible ejecutar la formalización laboral en cuatro meses, como lo establece la circular de Función Pública.

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Agregó Juvinao que la Procuraduría delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social emitió la Circular No. 001 de 2023, “en el cual conmina a las entidades a realizar los trámites para ampliar las plantas de personal, pero señala que el plazo de 4 meses es insuficiente y podría afectar a las entidades al dejarlas sin capacidad de operar. E igualmente, señala que a nivel territorial son los alcaldes y gobernadores los que están facultados para crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias”.

En ese sentido, la representante formuló un derecho de petición al Departamento Administrativo de la Función Pública en el que le solicita esclarecer el aparente conflicto entre la circular y la autonomía de las entidades territoriales, como alcaldía y gobernaciones, para su planta de personal. Además, cuestiona la competencia del DAFP para reglamentar los contratos de prestación de servicios y hacerlo a través de una circular.

Juvinao solicitó informar el alcance y aplicación de la circular para modificar los contratos de prestación de servicios por de planta, debido a que por la ley de garantías se prohíbe a los entes territoriales modificar la nómina de cuatro meses antes de las elecciones a cargos públicos, que se realizarán este año.

“Agregamos que es inconveniente para la moralidad pública que sea César Manrique, otrora condenado por presuntos actos de corrupción, quien lidere un proceso ahora empañado por múltiples cuestionamientos que denotan falta de planeación y conocimiento”, sostuvo la representante del partido Alianza Verde.

Manrique Soacha es un viejo amigo del presidente Petro y durante la administración de la alcaldía de Bogotá dirigió el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. Allí, en el 2012, se firmó el contrato para la compra de motocicletas eléctricas para la Policía, pero los vehículos no funcionaron y se terminó por denunciar la adjudicación por un anuncio del alcalde antes de que se surtiera el proceso con el contratista.

De acuerdo con Cambio, Manrique fue condenado a diez años de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos por ese proceso y recluido en la cárcel La Picota. Pero en 2020 el fallo fue anulado y debió volver a iniciar el juicio en su contra.

“No tiene presentación, ni genera confianza o legitimidad, que un funcionario con este tipo de cuestionamientos sea quien lidere el proceso de formalización de empleo público en el gobierno de Gustavo Petro. Con seguridad hay otras personas idóneas para acometer este objetivo”, señaló Juvinao, porque pese a que la condena no está en firme, el proceso sigue en su contra.

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