Cámara de Representantes no se ha podido deshacer de 47 camionetas blindadas que permanecen arrumadas en los parqueaderos

47 camionetas Toyota, con blindaje tipo III, caja automática, aire acondicionado y vidrios polarizados, permanecen sin uso en los parqueaderos del Congreso de la República. La mayoría de estos automotores ya estaban usados y formaban parte del esquema de protección de congresistas y funcionarios relacionados a la entidad, pero al día las camionetas se encuentran en posesión de la Unidad de Protección (UNP).

Según documentos de la Dirección Administrativa de la Cámara, el mantenimiento en repuestos, impuestos y seguros de los automotores, aunque se encuentren parqueados, cuesta 946 millones de pesos al año. 40 de estos automotores ya tienen más de diez años de antigüedad y 200.000 kilómetros recorridos.

Es por esto que, desde el primer semestre del 2022, la División de Servicios de la Cámara solicitó actualizar la flota, y de esta manera evitar que se consagren como un fondo de inversión insostenible y un peligro para la integridad de los funcionarios.

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En respuesta a esta solicitud, la Dirección Administrativa abrió proceso para cambiar las 47 camionetas, junto a siente motocicletas, que son propiedad de la Cámara por cinco o seis vehículos nuevos. Pero, hasta el momento no se ha dado respuesta y consiguiente a ello los vehículos siguen en posesión. Desde octubre hasta la fecha se han abierto tres procesos de contratación, pero no se han podido otorgar, porque recibir estos vehículos es considerado como tener ‘problemas a la mano’.

El primer enigma en relación a la posesión de los vehículos se asocia a que las camionetas deben ser desblindadas, proceso que tarda una larga temporada, ya que este debe ser respaldado por la Superintendencia de Vigilancia y la Cámara exige que este proceso debe adjudicarse por parte de la empresa a la cual queden los vehículos a cargo. Lo cual ha generado varios tropiezos durante el proceso. Ejemplo de ello la comunicación enviada por parte de la compañía Soluciones y Recuperaciones (SYR) a la Cámara, en la que aconseja que el desblindaje de los vehículos puede tardar más de los cuatro meses que da como plazo el proceso de contratación.

“La experiencia nos permite evidenciar que la solicitud de desblindaje y demás para particulares conlleva un tiempo superior al establecido dentro del cronograma (de contratación)”, según indica la carta. Al tratarse de vehículos blindados las camionetas se ven expuestas a un mayor desgaste, lo cual afecta el valor de estas dentro del mercado automotriz, la variación de un coche como la Toyota Fortuner TW modelo 2009 podría pasar de los $53′036.262 a los $39′563.772

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No obstante, según la Dirección Administrativa, este proceso no puede realizarse ya que, si la entidad se inclina por la venta de los vehículos, los dineros deberán consignarse en la cuenta del Tesoro Nacional y retornarían al presupuesto de la Cámara.

Lo más engorroso en el caso es que mientras el proceso dure los vehículos deben continuar en los parqueaderos para evitar mayores problemas y desgastes. Desde la Dirección Administrativa se afirma que ‘’no hay detrimento patrimonial’' por tenerlas camionetas parqueadas, pero queda en la mesa la duda sobre la utilización de recursos públicos en relación a la manutención de bienestar inutilizables.

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