Los pueblos indígenas de Colombia han estado condenados a vivir de cerca los impactos del conflicto armado y la violación sistemática de los derechos humanos, a nivel individual y colectivo. Son 81 las comunidades indígenas que habitan el país, concentran a 785.356 personas y representan el 1.83 % de la población nacional.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) tiene registros, que entre 1958 y 2019, han sido asesinados 5.011 indígenas en el marco del conflicto armado. El asesinato selectivo es el principal hecho victimizante, con un total de 2.300 víctimas durante este periodo de tiempo.
El mayor número de asesinatos de indígenas se registró en 2002 con 314 muertos y fue posterior a la ruptura de los diálogos de paz en El Caguán entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estas victimizaciones también se presentaron en el inicio de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe, momento de auge de la guerra que impactó fuertemente a los territorios indígenas del país.
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Aunque lejos de la cifra de hace 20 años, los pueblos indígenas fueron los más afectados por hechos de violencia durante 2022. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 189 líderes sociales asesinados el año pasado 42 corresponden a líderes indígenas.
Hay que recordar que la población indígena se concentra principalmente en La Guajira (20%), Cauca (16%), Nariño (10,8%) y Córdoba (10,6%). Precisamente fue Cauca el departamento que más se vio afectado, pues presentó el 32% de los asesinatos a líderes indígenas.
La defensa de su territorio es la principal causa de liderazgo de estas comunidades. Uno de los casos más emblemáticos del año pasado fue el asesinato del líder ambiental, de 14 años de edad, Breiner David Cucuñame López el 14 de enero de 2022 en el municipio de Buenos Aires, Cauca.
Según la denuncia del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), ese día, un grupo de personas armadas que se encontraban en la zona, “de un momento a otro comienzan los enfrentamientos. Los armados tiraron bala a lo que se moviera, a lo que cayera, no tuvieron en cuenta que había caminos, que había personal y que había niños. Y desafortunadamente cayó un niño de 14 años”, dijo la CRIC en ese momento.
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Aunque desde hace un tiempo para acá, tanto la sociedad como algunas instituciones del Estado, han venido reconociendo el derecho político y cultural de los pueblos indígenas, aún falta mucho camino para que sean respetados sus derechos humanos. El 19 % de las personas víctimas del conflicto armado son indígenas, según cifras del Ministerio de Salud.
Casi el 90 % de los asesinatos a líderes indígenas están en la impunidad. En varias oportunidades, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) le han pedido al Corte Penal Internacional:
“Mantener el examen, evaluar la relevancia y autenticidad de las investigaciones judiciales sobre los más altos responsables de crímenes de lesa humanidad y priorizar el monitoreo de casos donde las víctimas pertenecen a pueblos indígenas”.
Para Luz Nidia Finscué, exgobernadora del resguardo indígena Páez-Huila, la impunidad se presenta, en varias ocasiones, porque las comunidades tienen miedo a hablar. “Nadie dice nada por temor, por miedo y porque no pasa nada. Los procesos de asesinatos van muy lento y las investigaciones jurídicas se han dilatado”, le dijo a Infobae Colombia.
Luz Nidia Finscué ha luchado por los derechos de su pueblo, pero, sobre todo, de las mujeres. Ese camino la llevó a crear en 2010 el proceso organizativo de mujeres Nasa y diez años después, fue elegida autoridad tradicional de su resguardo.
“Incluso yo dudaba de hacerlo, pero viendo esa necesidad, de que no es justo que nuestros niños y nuestras niñas sea las más afectadas por la violencia. Yo me arriesgué a seguir luchando para la dignificación de los pueblos indígenas”.
Los indígenas de Colombia esperan que 2023 sea el año de que la paz llegue a sus territorios, por eso han celebrado los diálogos de paz del Gobierno nacional con los diferentes grupos armados ilegales:
“Vemos con esperanza las puertas de la paz total en nuestros territorios ancestrales, en donde hemos sido históricamente víctimas del exterminio físico y cultural por parte de todos los actores legales e ilegales que empuñan las armas y que arremeten contra nuestra vida, integridad y gobierno propios”, aseguró la CRIC en un comunicado del 3 de enero.
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