Ministro del Interior asegura que liberación de miembros de la primera línea no tendrá inconvenientes

La liberación de los jóvenes detenidos durante el Paro Nacional de 2021 para convertirlos en voceros de paz ha generado algunas dudas dentro de la Rama Judicial, así como de la Procuraduría General de la Nación

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El ministro del Interior, Alfonso
El ministro del Interior, Alfonso Prada, entregó una actualización del progreso en los procesos penales para liberar a los jóvenes de la primera línea que fueron elegidos para ser voceros de paz. Presidencia de Colombia)

EL viernes 6 de enero de 2023, el ministro del Interior, Alfonso Prada, entregó un parte de tranquilidad frente al proceso de liberación de los diecisiete miembros de la denominada primera línea que se convertirán en voceros de paz, de acuerdo con la voluntad expresada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Con relación a estas liberaciones, no exentas de controversia debido a que desde la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación se denuncian irregularidades en el proceso y en otros casos los jueces no les han concedido la libertad, Prada explicó en declaraciones recogidas por la revista Semana que los nombres ya conocidos por la opinión pública de los liberados son apenas una pequeña parte de los casos que se han considerado por parte del gabinete:

“Hay cerca de 280 casos potenciales, apenas hemos concluido en recomendar al presidente diecisiete casos. Él ha acogido ese número y es lo que él ha decretado”

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De acuerdo con lo contado por Prada a la fuente, de los diecisiete casos que Petro aprobó, hasta la fecha han quedado libres un total de cuatro.

Frente a la negativa de algunos jueces que en su criterio le negaron la libertad a varios de los postulados para ser voceros de paz, Prada aseguró que el motivo detrás de ello es una discusión interna dentro de la Rama Judicial sobre quién debe ser el encargado de juzgar a los jóvenes encarcelados, asegurando que todo el proceso se ha cursado dentro del marco legal vigente:

“El tema de los jueces es más por la discusión interna que hay de cuál es el juez competente, pero no han cuestionado la facultad que tiene el presidente de la República, que es una facultad por la ley que está vigente, constitucional y legalmente no hay duda sobre el tema”

Frente a la idoneidad de los jueces, Prada explicó que se han presentado casos donde si se trata de una persona ya condenada, los debe revisar un juez de ejecución de penas. Por su parte, si se trata de una persona que está en proceso de acusación, esta clase de caso debe ser revisado por un juez de garantías.

La Procuraduría denuncia irregularidades en los procesos de liberación

A pesar del argumento de Prada frente a la idoneidad de los jueces, se han presentado casos donde los encargados de impartir justicia han brindado consideraciones de fondo para negar la libertad. Un ejemplo de esto ocurrió en Popayán el pasado 16 de diciembre, cuando el juez de turno le negó la libertad a dos jóvenes escogidos por el Gobierno para cumplir este rol de gestores de paz. De acuerdo con la decisión, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, estaban privados de la libertad por hechos no relacionados con el contexto del Paro Nacional de 2021, sino por hechos ocurridos en 2022.

Esta decisión se conoció unas horas después de que la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, anunciara a la opinión pública que el órgano de control había radicado una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura. El motivo sería la no convocatoria de procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de otros dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz en el complejo judicial de Paloquemao.

Cabello señaló que cuando varios funcionarios de la propia Procuraduría acudieron al Centro de Servicios de Paloquemao, no se les autorizó el acceso, ni “tampoco fueron citados para actuar ante el juez respectivo y emitir la opinión correspondiente que deberíamos haber dado”, según expresó.

Por ese motivo la procuradora le pidió a Jorge Luis Trujillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, que se realizará una reorganización de los centros judiciales en el país. De esta manera se garantizaría que la Procuraduría pueda cumplir con sus responsabilidades legales y constitucionales al momento de interceder en los procesos penales de los detenidos en las protestas del Paro Nacional que serán designados como voceros de paz.

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