Procuraduría pide a la JEP garantizar el debido proceso de los comparecientes

En noviembre de 2021 la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenó el traslado del expediente del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la misma justicia.

En ese momento, la JEP informó que el traslado se dio luego de que el excomandante de Batallón La Popa no reconociera su responsabilidad en los hechos que son estudiados en el Caso 03, relacionado con muertes ilegítimas reportadas como bajas en combate, conocidos como ‘falsos positivos’.

Al coronel (r) Mejía Gutiérrez lo investigan por lo ocurrido entre 2002 y 2005 en el norte de Cesar y sur de La Guajira cuando se presentaron, como resultados operacionales, los asesinatos y desapariciones forzadas de personas señaladas de pertenecer a las guerrillas, en medio de una alianza criminal entre militares y paramilitares.

En diciembre pasado la JEP suspendió la audiencia del coronel retirado en la que estudia revocar su libertad por incumplir sus compromisos con la reparación de la verdad.

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Sin embargo, este viernes 6 de enero la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la UIA que garantice el debido proceso de los comparecientes, que incluyen excombatientes de las FARC y miembros de la fuerza pública.

El Ministerio Público realizó este pedido luego de analizar el requerimiento de la UIA contra el coronel (r) Plubio Hernán Mejía Gutiérrez para que se pronunciara sobre los hechos y conductas correspondientes a los crímenes ocurridos entre enero de 2002 y diciembre de 2003.

Hay que recordar que la UIA cita a los comparecientes que no reconocen su responsabilidades ante Sala de Reconocimiento de Verdad, por lo cual, dicho tribunal inicia un juicio en su contra del que puede resultar condenado a una pena ordinaria, de acuerdo con los delitos cometidos, o absuelto según las pruebas en su contra.

En el caso concreto del coronel (r) Mejía Gutiérrezm para el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal:

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El funcionario también explicó que este es un trámite no previsto en la ley de procedimiento de la JEP y que “altera las bases estructurales del sistema judicial de la JEP al convocarlo a un reconocimiento de responsabilidad con pruebas, informes o datos que desconoce”, se lee en el pedido del procurador delegado.

Finalmente, solicitó que desde el inicio del trámite ante la UIA “se ponga en conocimiento expreso del compareciente la posibilidad que tiene de aceptar responsabilidad, y que en caso de que durante la fase de investigación y antes de la acusación el compareciente manifieste su interés por aceptar responsabilidad, se le dé a conocer la totalidad del material probatorio con la que cuenta la UIA a efectos de satisfacer el derecho a la defensa y conocimiento informado”.

En la próxima audiencia contra el militar retirado, la JEP intentará validar el régimen de condicionalidad en su contra por, presuntamente, haber publicado contenido en redes sociales que incumpliría con las garantías de no repetición a las víctimas.

Para esto, la justicia nacida del Acuerdo Final de Paz revisó 80 trinos que habrían sido publicados por Mejía Gutiérrez en sus redes sociales en los que incita “al odio, la violencia y la guerra contra quienes representan ideales, posturas políticas y reivindicaciones contrarias” a las suyas, según la denuncia.

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