El 5 de enero a las instalaciones de Paloquemao llegaron funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para adelantar una inspección al interior del Centro de Servicios Judiciales.
Este proceso hizo parte de la indagación que se adelanta en contra de la jueza Lilyan Jhohana Bastidas, por la libertad que otorgó a integrantes de la primera línea nombrados como voceros de paz.
La petición fue realizada por la Procuraduría General de la Nación ante el Consejo Superior de la Judicatura por las supuestas irregularidades en la liberación de dos jóvenes que fueron detenidos durante el paro nacional de 2021.
Sin embargo, esta medida fue rechazada por diversas organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y abogados que defienden el derecho a la protesta, la justicia, la paz y abogan contra las privaciones arbitrarias de la libertad.
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Algunas de las organizaciones que se mostraron en contra de las acciones de las entidades del Estado fueron: la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Comité de Derechos Humanos Alfredo Correa de Andréis, entre otros.
Para las organizaciones sociales y de derechos humanos, la jueza Lilyan Jhohana Bastidas actuó en el marco del mandato legal de la Ley 2272 de 2022, que contempla la designación como voceros de paz de personas que no hacen parte de organizaciones armadas para que puedan aportar en la construcción de paz.
De acuerdo con la ley citada, se puede realizar la suspensión de las medidas de aseguramiento sin que esto implique absolución, cesación de la acción penal o del proceso.
En total fueron 38 las organizaciones que firmaron el documento en rechazo a las acciones de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General. Para todas ellas, la cooptación de los entes de control fue una de las características del gobierno de Iván Duque. Más precisamente señalaron que:
“El acoso promovido por la procuradora Margarita Cabello y la Fiscalía General de la Nación hace parte de la estrategia de oposición desde la función pública que dejó el Centro Democrático y representa un ataque contra la protesta social, la paz y todas las personas que promuevan transformaciones sociales”.
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En cuanto a la decisión de investigar a la jueza coordinadora de Paloquemao, las organizaciones expresan que esta medida “contrasta con el nulo esfuerzo de esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidos por agentes de la fuerza pública o con investigar los miles de detenciones arbitrarias que se presentaron durante las protestas de 2020 y 2021″.
La solicitud a las instituciones del Estado termina con dos mensajes. El primero es una invitación que hacen las organizaciones firmantes del documento, “para que se acabe la estigmatización y criminalización contra el liderazgo social que participó en acciones de manifestación pública para protestar contra la violencia policial, la desigualdad y reclamar en las calles los derechos negados sistemáticamente”.
Por último, le hicieron un llamado a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación para que encaminen sus esfuerzos en investigar las distintas prácticas de violencia estatal en contra del movimiento social y la población en general, que participa en escenarios de protesta, llevando a juicio a los máximos responsables en los ámbitos penal y disciplinario.
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