Centros Poblados: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se opone a principio de oportunidad para Juan José Laverde

La representación legal del Estado colombiano considera que el corredor de seguros ya ha recibido demasiados beneficios de la justicia

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica está representando al Estado colombiano en los procesos penales en los que fue declarado como víctima, luego de que se perdiera el anticipo de 70.000 millones de pesos que se entregó a Centros Poblados
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica está representando al Estado colombiano en los procesos penales en los que fue declarado como víctima, luego de que se perdiera el anticipo de 70.000 millones de pesos que se entregó a Centros Poblados

A propósito del polémico caso de las irregularidades para conceder el contrato de Centros Digitales a la Unión Temporal Centros Poblados, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aseguró en diciembre pasado que haría una revisión del principio de oportunidad que se le ofrecería a Juan José Laverde —corredor de seguros que trabajaba en la empresa Rave y adquirió una garantía de seriedad falsa para Centros Poblados, porque ninguna aseguradora estaba dispuesta a vender una real—. Esta revisión ya tuvo lugar y se concluyó que no es conveniente conceder dicho beneficio.

En diciembre pasado, la emisora Caracol Radio informó que el ente acusador estaría tramitando un principio de oportunidad a su favor. Esta posibilidad de suspender la acción penal contra Laverde se abrió porque él se ofreció a dar testimonio cuando fue capturado. Gracias a la información que dio, la Fiscalía General de la Nación pudo encontrar otros posibles delitos dentro de Centros Poblados. Además, se pudo capturar a Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, exrepresentante de la polémica unión temporal.

Por otro lado, el ente acusador estaría considerando el principio de oportunidad porque el acusado ya devolvió 186 millones de pesos obtenidos irregularmente. Además, ayudó a destapar otro contrato irregular: el de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Mallarino fase uno, de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), que también se adjudicó a Centros Poblados por más de seis mil millones de pesos.

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El documento pide un principio de oportunidad total por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, por los cupos de crédito falsos en el caso de Emcali. Además, pide oportunidad parcial por fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica está representando al Estado colombiano en los procesos penales en los que fue declarado como víctima, luego de que se perdiera el anticipo de 70.000 millones de pesos que se entregó a Centros Poblados para que construyera puntos de conexión a internet para niños y niñas de las regiones más periféricas del país.

Conocidos los documentos de preacuerdos y principios de oportunidad relacionados con el caso, su directora, Martha Lucía Zamora, anunció que los revisaría. “El interés de la agencia en esta representación del Estado es lograr la reparación real y efectiva, concreta y que sea efectivamente dignificante para las víctimas que, en este caso, son los niños de los sitios más apartados del país”, dijo en aquel entonces Zamora.

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El criterio más importante de revisión era, precisamente, que estos documentos repararan a todos los afectados: “esto es un principio fundamental, es ese respeto por la víctima por el daño causado (...) y por esa razón nuestra presencia como víctimas, así como de las demás presuntas víctimas que están allí en ese proceso, es fundamental ese paso por la reparación”, afirmó, de acuerdo con la cita en el portal de La FM.

La revisión sobre el principio de oportunidad para Laverde ya concluyó y el concepto —un documento de 12 páginas— fue conocido por la emisora Caracol Radio. Según la agencia, el corredor de seguros ya es beneficiario de un preacuerdo; ofrecerle un principio de oportunidad es un reconocimiento excesivo en su favor que conllevaría la ausencia de reparación del daño causado.

Por otro lado, aunque es cierto que fueron reintegrados 186 millones de pesos, la agencia desconoce si este monto irregular fue obtenido por el contrato con el Ministerio TIC o por los contratos con Emcali, proceso al que también está vinculado.

Finalmente, la representación legal el Estado considera que es redundante que Juan José Laverde testifique contra el representante legal de Centros Poblado, Luis Fernando Luque, porque él ya firmó un preacuerdo con la Fiscalía. Entonces, como esta persona ya aceptó su culpabilidad, no sirve de nada conceder un principio de oportunidad por declarar en su contra.

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