En abril de 2022 la Contraloría General de la Nación advirtió que La Guajira es el departamento con más obras inconclusas en el país. El Registro Nacional de Obras Inconclusas dio a conocer que son 64 los proyectos sin terminar que equivalen a 800 mil millones de pesos.
Desde hace varios años este departamento es un punto crítico para las autoridades nacionales por los altos índices de corrupción. Por ejemplo, el Monitor Ciudadano de la Corrupción documentó que entre 2016 y 2020 se registraron 37 hechos de corrupción, el 30 % de esos casos afectaron directamente a niñas, niños y adolescentes.
Hay que señalar que La Guajira ha tenido 12 gobernadores en los últimos diez años. La mayoría de ellos ha sido destituido por estar involucrado en casos de corrupción, algunos tuvieron relación con el mal manejo de los recursos de la alimentación de niños y niñas.
Al parecer, 2023 tendrá la misma tendencia, pues este 5 de enero la Procuraduría General de la Nación informó que le presentó una serie de alertas de corrupción a la Alcaldía de Riohacha que la obligaron a suspender la licitación para la elección del nuevo operador de acueducto y alcantarillado para la ciudad.
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Durante la investigación, el órgano advirtió de posibles inconsistencias en informes de planeación de obras, costos y fallas técnicas para ejecutar el proyecto en zonas rurales de la ciudad.
En su comunicado, la Procuraduría expresó que “tampoco se evidenció documentación completa sobre los riesgos de las obras y las garantías para la ciudad, incurriendo, presuntamente, en vulneración de los principios de la contratación pública”.
Con información de la Contraloría General se puede destacar 2015 como el año con más denuncias de corrupción en Riohacha. Ese año, se desviaron cerca de $2.000 millones en contratos para la atención de 27.000 niños, niñas y madres gestantes. Por estos hechos, se encuentran imputados 14 funcionarios.
Ante las nuevas alarmas emitidas por el Ministerio Público, el alcalde encargado de Riohacha, Miguel Jerónimo Panciera Di-Zopola Martínez, decidió suspender el proceso de licitación del acueducto y el alcantarillado.
“Nos permitimos informarles que daremos atenta nota a lo observado y en razón a ello, daremos la suspensión del proceso licitatorio, a partir del vencimiento del traslado del informe de evaluación, el cual vence el día 11 de enero de la presente anualidad, en virtud al cumplimiento de los términos preclusivos y perentorios de los que trata la Ley 80 de 1993″, reza el oficio de la alcaldía hecho llegar a la Procuraduría.
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Otra de las advertencias que le hizo la Procuraduría General a la Alcaldía de Riohacha fue que en las obras de la Comuna 10 se pudo evidenciar que no se tuvo en cuenta la situación real de la infraestructura para la ampliación de redes de acueducto poniendo en riesgo cerca de 29 mil millones de pesos procedentes de las regalías.
Finalmente, ante la suspensión del proceso de la elección del operador, la alcaldía invitó al órgano de control a hacer parte de las mesas técnicas para sacar adelante el proyecto y que la comunidad de Riohacha pueda gozar de un servicio de acueducto y alcantarillado eficiente y de calidad.
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