Paz total: Gobierno nacional caracterizará organizaciones armadas ilegales que quieran dialogar o someterse a la justicia

A partir del decreto 2655 del 31 de diciembre de 2022, el Gobierno nacional conformó la Instancia de Alto Nivel para clasificar y caracterizar a las organizaciones armadas ilegales de alto impacto que quieran acogerse a la Paz Total, entendida ahora como política de Estado en la Ley 418 de 1997.

Dicha instancia va a estar integrada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el director nacional de Inteligencia, Miguel Alberto Casanova. Al respecto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que ese mecanismo “es de creación legal” y que el presidente Gustavo Petro se encargó de integrarla, adjudicando las funciones que esta determina, que son las de caracterizar y clasificar a los grupos armados que buscan una salida al conflicto ya sea por la vía negociada o del sometimiento a la justicia.

En esa medida, el mecanismo también permitirá definir el impacto del accionar de cada grupo en el marco de la Paz Total, esto con el fin de tener un mejor proceso de acercamiento y definir si es viable lograr con dichas estructuras un proceso de sometimiento y desmantelamiento.

De hecho, el decreto 2655 las denomina ‘Estructuras armadas organizadas de alto impacto’ y son entendidas como “organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse Ias tipificadas en la Convención de Palermo”.

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Dicho decreto también precisa que esas organizaciones que quieren acogerse a la política de paz gubernamental deben contemplarse bajo patrones criminales “que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen”, así como el cumplimiento de funciones relacionadas con una o más economías ilegales. Incluso, le otorga varias facultades al presidente Petro.

En ese sentido, la norma establece que el jefe de Estado podrá pedirle a la Instancia de Alto Nivel la caracterización, el estudio y calificación de los grupos armados ilegales o estructuras criminales de alto impacto que buscan negociar con el Estado, esto “para el logro de acercamientos y conversaciones con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”.

Bajo ese panorama, el ministro Prada sostuvo que el Gobierno nacional estará pendiente de las directrices de la Instancia con respecto a las organizaciones criminales que se han comprometido con un cese bilateral de hostilidades y, de paso, han dado muestras que le permitan a la institucionalidad crear los protocolos necesarios para el inicio de posteriores conversaciones.

Sobre esto, sostuvo que “Una vez tengamos la decisión final de la Instancia, tomaremos la decisión, también, por parte del Gobierno, de cuál va a ser la ruta en la que avanzaremos. Si se reconoce estatus político o nos quedamos en el nivel de la conversación con miras al sometimiento y al desmantelamiento de organizaciones del crimen de alto impacto, como lo define la ley”.

Con respecto al ELN, dijo también este lunes 4 de enero que el decreto 2657 que establecía un cese al fuego bilateral con esa guerrilla, fue derogado; sin embargo, mencionó que en el próximo ciclo de conversaciones se tocará ese punto en primer lugar.

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