Jueza que liberó a dos miembros de primera línea sigue en problemas: Procuraduría creó un equipo especial para el proceso

El proceso penal por presunto prevaricato en contra de la jueza Lilyan Jhoana Bastidas Huertas, quien otorgó la libertad a dos jóvenes que hicieron parte de las protestas sociales del 2021 en Bogotá, contará con una agencia especial de la Procuraduría. Es decir que centrarán todos sus esfuerzos para hacer seguimiento al caso.

El Ministerio Público informó que designó al titular de la Procuraduría 17 Judicial II Penal que, según el directorio de dependencias, está a cargo de Carlos Duque Certuche, abogado especialista en derecho procesal y penal que fue jueza del circuito de Bogotá.

Con esta figura, la Procuraduría espera tener actuación y representación en todas las etapas del proceso que se adelanta en contra de Bastidas Huertas, jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales, a quien el Ministerio Público denunció penal y disciplinariamente por presuntas irregularidades al decidir la libertad de dos ex miembros de la primera línea designados por el Gobierno nacional como voceros de paz.

Las agencias especiales se constituyen para garantizar la intervención del Ministerio Público, pero solo en los casos de “especial connotación” por la gravedad de los delitos, por la naturaleza del hecho criminal o por la calidad de los agentes que son señalados de cometer los delitos.

Usualmente se designan para los casos de mayor trascendencia nacional o mediática, aunque también en los que revisten prioridad para el Ministerio Público. De hecho, también se designó una agencia especial para el caso del menor que falleció dentro de un vehículo en el que fue dejado por sus padres frente a un motel en Valledupar.

La juezaa Bastidas Huertas fue quien decidió la libertad de Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo el pasado 20 de diciembre de 2022. Ellos fueron elegidos por el Gobierno nacional para ser designados gestores de paz, luego de haber sido capturados un año antes por supuestos actos con fines terroristas, agresión a servidor público, entre otros por haber sido parte de la primera línea de la 80 en Bogotá durante las manifestaciones del 2021.

La Procuraduría sostiene que la juezaa, como funcionaria del reparto judicial, no tenía competencia para decidir sobre la solicitud de libertad y debió dar traslado al proceso a jueces de conocimiento. Además, otras irregularidades se encontraron en la decisión, como que no dejó constancia de la norma y no notificó a los sujetos procesales.

Por esos presuntos hechos, el Ministerio Público radicó denuncia penal ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y una queja disciplinaria en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en contra de la juezaa, para las que ahora designó agencia especial.

La solicitud de la Procuraduría en procesos de gestores de paz

Adicionalmente, el Ministerio Público dirigido por Margarita Cabello, solicitó a los coordinadores de Centros de Servicios Judiciales de todo el país que comuniquen a los delegados la programación de audiencias para resolver solicitudes de libertad de personas vinculadas o relacionadas con la denominada ‘primera línea’.

Hasta el momento el Gobierno ha designado 17 gestores de paz, de los cuales la mayoría fueron personas capturadas y procesadas por su participación en las manifestaciones sociales del 2021. El Ministerio del Interior, Defensa y Justicia, junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz evalúan cerca de 200 perfiles para seleccionar a quienes designar.

Las libertades deben ser resueltas por los jueces de la República, aunque los procesos penales por los delitos que les imputó la Fiscalía deberán continuar hasta su resolución en el sistema judicial.

Este martes 3 de enero, el Gobierno nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, radicó ante jueces de Paloquemao, en Bogotá, otras tres solicitudes de libertad de jóvenes para ser nombrados como voceros de paz.

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