Fiscalía realiza inspección en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao tras denuncias de Procuraduría

En la tarde de este jueves 5 de enero, la Fiscalía General de la Nación adelanta labores de inspección al interior del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Esto, con motivo de la acusación que elevó la Procuraduría ante el Consejo Superior de la Judicatura por supuestas irregularidades en la liberación de dos jóvenes que fueron detenidos durante el paro nacional de 2021.

Al lugar llegaron agentes del CTI para determinar cómo se realizó la gestión para la salida de los jóvenes Adriana Esperanza Bermeo y Santiago Márquez Charris, dos integrantes de la primera línea que fueron designados por la Comisión Intersectorial como voceros de paz. De igual manera, buscan establecer si, tal y como lo denunció la procuradora Margarita Cabello, la coordinadora del centro judicial Lilyan Jhoana Bastidas, habría cometido incidencias al momento de firmar sus boletas de salida.

Sumado a eso, el Ministerio Público le había pedido a los centros de servicios judiciales del país en los que se llevan a cabo procesos de liberación de jóvenes capturados, que les indiquen a los procuradores delegados las fechas de las audiencias en las que se podría definir la libertad de más detenidos para ser designados como voceros de paz.

Sobre esto, cabe resaltar que en la denuncia hecha por Cabello Blanco manifestó que Bastidas no habría convocado a funcionarios de la entidad que lidera para la salida de Bermeo y Márquez Charris. Incluso, ahondó en que cuando varios funcionarios de esa entidad acudieron al Centro de Servicios de Paloquemao, no se les permitió acceder a información y “tampoco fueron citados para actuar ante el juez respectivo y emitir la opinión correspondiente que deberíamos haber dado”.

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Por ello, le realizó un llamado de atención a Jorge Luis Trujillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, para que con base en esas investigaciones se haga una reorganización de los centros judiciales en el país a fin de que esta entidad pueda cumplir con sus órdenes legales y constitucionales al momento de interceder en procesos penales como los de los detenidos en protestas que serán designados como voceros de paz.

Ahora, con respecto a las liberaciones de jóvenes detenidos y miembros de la primera línea, vale indicar que el miércoles 4 de enero fueron excarcelados dos integrantes de dicho grupo en Bucaramanga. Ellos fueron David Esteban López Barrera y Andrés Cabrales, líderes estudiantiles que están en detención domiciliaria en esa ciudad.

Ambos fueron capturados por su presunta participación en la fabricación y tenencia de sustancias químicas y explosivas utilizadas durante las protestas que hicieron parte del paro nacional de 2021. De acuerdo con el Gobierno nacional, Cabrales estudia un programa técnico laboral y también es auxiliar en sistemas además de ser líder estudiantil y político.

Por su parte, López Barrera es contemplado por el Ejecutivo como un líder político que ha trabajado por los derechos humanos y además es voluntario de la Cruz Roja seccional Santander. En ese sentido, el Gobierno explicó que “los jóvenes han manifestado, a través de sus apoderados, la voluntad de ejercer su rol como voceros de paz. Una vez sean designados en tal rol, se comprometen, además de la declaración de su lugar de residencia, a comenzar una ruta de acompañamiento”.

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