En 2022 disminuyeron en un 24 % las condenas por privaciones injustas de la libertad: Fiscalía

Durante los últimos días de 2023, la Fiscalía General de la Nación viene presentando los balances de su gestión en 2022. Este jueves 5 de enero, el ente de investigación dio a conocer su estrategia jurídica que “permitió reducir gastos por sentencias”.

Según lo expuesto por la institución, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, se cumplió con su propósito de reducir categóricamente los costos que implican las sentencias en contra de la nación. “Las acciones desplegadas evitaron el pago de pretensiones que superaban los 8 billones de pesos”, explicó la Fiscalía General.

Otro punto que destacó el ente investigador fue que el año pasado se disminuyeron en un 24 % las condenas por privaciones injustas de la libertad, “un resultado sin precedentes en la entidad”.

Las leyes en Colombia indican que el tiempo para demandar al Estado por la privación injusta de la libertad es de dos años, “contados a partir del día siguiente en que quede en firme la sentencia absolutoria o la providencia que precluya el proceso o desde el momento en el que el interesado recupere la libertad”.

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Información del Consejo de Estado, publicada por RCN Radio, dice que la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia encabezan la lista de la entidades del Estado más demandadas por cometer errores en un proceso judicial, que desembocan en decenas de condenas contra la nación por privaciones injustas de la libertad.

En 2022, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se presentaron más de 10.000 procesos en contra de entidades públicas por un valor total en las pretensiones de $15.366 millones.

De acuerdo con los datos más recientes del Consejo de Estado, desde el primero de diciembre de 2021 hasta abril de 2022 se emitieron 174 fallos por privaciones injustas de la libertad. En todo 2021 se emitieron 633 fallos por ese tema.

Los ciudadanos que demanden al Estado por la privación injusta de su libertad tendrán derecho a una compensación en dinero. La indemnización, en estos casos, siempre y cuando se acredite la existencia de los daños, comprende:

Una suma de dinero por el dolor sufrido por el privado de la libertad y sus seres queridos. También por los ingresos dejados de percibir, como consecuencia de la detención. Asimismo honorarios del abogado penalista que representó al interesado en el proceso penal, entre otras determinaciones.

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En su reporte, entregado este 5 de enero, la Fiscalía General expuso que hizo efectivo el pago de 4.870 créditos judiciales por un valor cercano a 2.3 billones de pesos, los cuales fueron desembolsados mediante el sistema de deuda pública, de acuerdo con las normas vigentes.

Por último, la Dirección de Asuntos Jurídicos también destacó que durante el último año, en conjunto con las organizaciones sindicales de la entidad, se trabajó para fortalecer la prestación esencial del servicio de administración de justicia y reducir la carga laboral de los fiscales.

Concretamente, para este fin, se instalaron 16 mesas de trabajo para hacer seguimiento a los acuerdos laborales suscritos entre 2021 y 2022. Como resultado de estas reuniones se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca ampliar la planta de personal y la reducción de la carga laboral de los funcionarios. Esta iniciativa fue aprobada en primer debate en el Senado de la República.

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