Este 5 de enero en la mañana la Contraloría General de la República dio a conocer que tras un proceso de auditoria al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- se encontraron varias irregularidades en temas de contratación que se desarrollaron durante el 2021 y 2022. De acuerdo con los detalles, esto se encontró en al menos 62 trámites administrativos.
“Se detectaron incumplimientos o situaciones en los contratos de la muestra seleccionada, suscritos por el ICBF para la prestación de servicios de Atención a la Primera Infancia, dichas situaciones están relacionadas principalmente con: deficiencias en los estudios previos en lo que respecta o la falta de detalle o descripción sobre cuáles y cómo fueron los cálculos que se realizaron para establecer el valor de las canastas diferenciales según cada componente”, señaló la institución en el documento.
De acuerdo con lo detallado por RCN Radio, si se mira en detalle, las irregularidades serían por una suma de $9.127.561.522., en al menos, 62 hallazgos administrativos, y de forma desagregada se concluye que 20 tienen incidencia fiscal, tres beneficios de auditoría, ocho con presunta connotación penal, ocho con apertura de indagación preliminar y seis con otras incidencias.
Además de los requerimientos administrativos, se encontraron otros inconvenientes ya relacionados con el procedimiento, por ejemplo, menores de edad sin documentación, quejas por alimentos no aptos para el consumo que, incluso, causaron problemas de salud a los niños y niñas vinculados a los procesos de esta organización, entre otros asuntos.
En el caso de la documentación se determinó que se le estaba dando ayudas a listas de personas que se encuentran fallecidas:
“Aparecen personas recibiendo raciones y/o beneficios de los contratos anteriormente mencionados, las cuales, al realizar el análisis de la información y el cruce de las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Sisbén y ADRES, se encontró que existen setenta y cinco (75) personas las cuales registran como fallecidos”,
Ahora visto por regiones, las más afectadas por las irregularidades de los procesos fueron: Amazonas, Chocó, Cauca, Vaupés, Antioquia, y Vichada.
En el caso de la primera región nombrada se pueden ver dos casos de desnutrición que no fueron atendidos en el momento justo ni siguiendo los protocolos establecidos. En Vaupés, por ejemplo, en un documento, se registró: “Los huevos llegan dañados, la fruta llega dañada o seca, las frutas entregadas no son buenas, las RPP llegan en bolsas destapadas y a veces incompletas”.
A finales de 2022, el Instituto sacó un comunicado a la opinión pública donde inicio haciendo algunas aclaraciones de las irregularidades que han venido saliendo:
“Si bien el informe corresponde a la auditoría de la vigencia 2021 a junio de 2022, incluye no solo temas sobre la entrega de raciones para preparar, RPP, sino también sobre la ejecución contractual regional, ejercicios de supervisión, manejo de cuentas, saldos y demás temas presupuestales”.
Por lo consiguiente, el ICBF aseguró que comenzará sus propias investigaciones, por un lado, en temas jurídicos y administrativos; y por otro, se llevará a cabo una revisión detallada de la base de datos de entrega de raciones.
“Con base en los resultados de los presuntos hallazgos al interior de la institución, se adelantarán todas las investigaciones de carácter administrativo que permitan establecer el marco de las responsabilidades y en caso de ser necesario, serán adelantadas las actuaciones administrativas y jurídicas pertinentes”, agregó la institución en la misiva.
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