Una nueva victoria judicial obtuvo, en las últimas horas, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, a quien querían sacar del cargo que viene ejerciendo desde el pasado 7 de agosto cuando se posesionó el nuevo Gobierno nacional. Así quedó establecido, recientemente, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Los togados desestimaron las pretensiones que el ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña quería que Gaviria abandonara la cartera al considerar que el decreto con el que el presidente Gustavo Petro lo nombró no habría sido objetado bajo los parámetros legales.
En esa línea, Sua aseguraba que el decreto No. 17777 del 7 de agosto del 2022 había sido ilegal. Sin embargo, el tribunal no acató las pretensiones del demandante porque, entre otras cosas, no aportó las pruebas necesarias que ratificaran su denuncia.
“El demandante señaló en su escrito que se demandaba el nombramiento del señor Alejandro Gaviria Uribe como Ministro de Educación Nacional, sin identificar el acto administrativo que contenida dicha decisión. (...) no probó haber enviado de manera simultánea la demanda junto con sus anexos a la autoridad accionada”, señaló el tribunal en el fallo de cinco hojas.
Es más, dicen que le advirtieron en repetidas oportunidades al sujeto que debía corregir la demanda, que tenía errores de forma, pero que tras tres meses de esas solicitudes, este hizo caso omiso. Por ello, los magistrados decidieron actuar en su contra y omitir lo que pretendía.
“No es de recibo el argumento expuesto en la demanda, de que el señor Sua Montaña no sabía si el traslado se hacía al domicilio físico o por correo electrónico, y que, ante esta duda, solicita no aplicar la norma procesal”, reza el fallo.
Además, dicen que para ellos fue “claro” que el demandante no pudo “subsanar” las falencias que presentaba su escrito, por lo que “el presente medio de control será rechazado”, concluyeron desde el Tribunal de Cundinamarca, quienes también le recordaron a Sua que no “es cierto lo dicho en el escrito de subsanación, de que la carga del traslado simultaneo es una exigencia del magistrado ponente”.
Eso sí, aunque el ministro Alejandro Gaviria salió avante de esta batalla judicial, el mencionado tribunal sigue estudiando otras demandas contra funcionarios del Gobierno nacional como el canciller Álvaro Leyva Durán; Alfonso Prada, ministro del Interior; Irene Vélez, ministra de Minas y Energía; Iván Velásquez, ministro de Defensa y Cecilia López de Agricultura.
En el caso de Vélez, el Consejo de Estado envió las demandas en su contra hacia el Tribunal de Cundinamarca porque, según dijeron, no es de su competencia.
“(...) sobre la competencia para conocer en primera instancia las demandas de nulidad electoral contra los actos de elección de nombramiento de empleados públicos del nivel directo en el orden nacional, como el que se cuestiona en esta oportunidad, la demanda en referencia debe remitirse a los tribunales administrativos”, concluyó el Consejo de Estado.
En el caso de Cecilia López se asegura que por su edad no podía ser nombrada en el gabinete presidencial. La ministra, actualmente, tiene 79 años. En cuanto a los procesos contra otros ministros se asegura que, cuando se reconoció a Petro como presidente electo de Colombia, se modificó el orden del día en la sesión del Congreso y, supuestamente, se le impidió a la oposición hacer réplicas; esto ocasionó nuevas acciones jurídicas contra los hoy coequiperos del jefe de Estado.
“Sus palabras (las del senador Julián Gallo, del partido Comunes) implicaron una proposición al Congreso en pleno de alterar el orden del día de la sesión inaugural como el de la primera reunión de Senado, a fin de garantizar la oposición gubernamental de sus delegantes en su cuatrienio legislativo donde ya no son oposición, sino bancada del Gobierno”, dice la demanda.
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