La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchará en marzo a los familiares de las personas que fueron asesinadas por las Fuerzas Militares bajo la modalidad de ‘falsos positivos’ en Cesar y La Guajira. Las diligencias se adelantarán los próximos 9 y 10 de marzo y 23 y 24 de marzo bajo la investigación del macrocaso 03, que estudia las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
La JEP señaló que quiere que las víctimas digan a “a viva voz” lo que piensan sobre los crímenes cometidos por la Décima Brigada del Ejército Nacional. De acuerdo con la jurisdicción, esas acciones obedecen al “principio de centralidad” en el proceso de esclarecimiento de la verdad del conflicto armado.
“Resulta fundamental abrir un espacio judicial para escuchar a viva voz las observaciones que las víctimas consideren pertinente y necesario presentar respecto de las versiones voluntarias que se han puesto a su disposición”, agregó.
Estas nuevas audiencias se ejecutarán después de haber escuchado en otras diligencias a 99 militares vinculados a 311 casos de ‘falsos positivos’. Según el diario El Espectador, el magistrado Óscar Parra —encargado del macrocaso 03— estableció que “lo declarado por los comparecientes en las versiones voluntarias debe ser rigurosamente contrastado con todo el material probatorio que ha sido acopiado” junto con la versión de las víctimas y sus representantes.
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¿Dónde serán las audiencias?
El documento publicado por la JEP indicó que las audiencias se realizarán en Valledupar, Cesar, el 9 y 10 de marzo, y las del 24 y 24 del mismo mes se harán en San Juan del Cesar, en La Guajira. “La fijación de las fechas de estas audiencias no limita la posibilidad de que las víctimas y sus representantes presenten con posterioridad a esta diligencia las observaciones que estimen pertinentes”, aclaró la entidad.
Por su parte, W Radio, conoció que el magistrado Parra decidió privilegiar un grupo de víctimas: aquellos que pertenecen a las comunidades indígenas wiwa y kankuama. Por esa razón, “se iniciaron las coordinaciones con las autoridades tradicionales como el líder wiwa, Pedro Loperena”, puntualizó la cadena radial.
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Después de que se desarrollen las diligencias, la Sala de Reconocimiento estudiará cada una de las pruebas del caso y en unos meses emitirá el escrito de imputación por las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate atribuidas a miembros de la Décima Brigada de las Fuerzas Militares. El Espectador recordó que ese procedimiento se ha realizado cuatro veces y así fue como la JEP llegó a la cifra de 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’ durante el conflicto armado.
Cabe recordar que en el informe final de la Comisión de la Verdad, los investigadores identificaron que hubo “un comportamiento generalizado y sistémico —frente a los ‘falsos positivos’— que los superiores permitieron se diseminara, a pesar de las muchas denuncias, con pocas excepciones sistemáticamente negadas”. Esas palabras corresponden al padre Francisco de Roux, quien fue el presidente de la entidad e indicó que no existe una sola verdad respecto al papel que cumplió cada actor armado en la guerra interna.
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