En la noche del pasado lunes 2 de enero se reportó la existencia de un incendio en un parqueadero ubicado en el corregimiento Nariño, en Tuluá, en el Valle del Cauca. Los hechos se dieron como consecuencia de la incineración de cinco busetas de la empresa La Esperanza de Tuluá, por lo que autoridades de rescate llegaron hasta al lugar para atender la emergencia. En su momento, las primeras hipótesis sobre el inicio de las llamas recayeron en la supuesta ejecución de un atentado, sin embargo, en horas recientes, se reportó que habría tratado de un corto circuito.
“Cuando hacemos la consulta con el cuerpo de bomberos, lo primero que nos informan es que, en la zona donde se presentó el incendio no se encontró ningún tipo de elementos para que se diga que los vehículos fueron incendiados por manos criminales”, indicó John Freddy López, secretario de Gobierno de Tuluá. Es de destacar que de los hechos resultaron tres buses con pérdida total por incineración y dos por radiación.
“Casi todo puede apuntar a que se haya presentado un cortocircuito durante el tiempo de estadía del vehículo y este irradia el incendio a los demás vehículos”, agregó López al hablar de las que serían las razones reales del origen del fuego. “Desde el mismo momento la seccional de investigación criminal y la Fiscalía adelantan investigaciones para esclarecer estos hechos”, añadió, por su parte, el coronel Wilson Román Silva Rodríguez, comandante (e) Departamento de Policía Valle del Cauca.
Las extorsiones hacen parte de la lista de crímenes más comunes en esa zona del país, de hecho, a finales del pasado mes de diciembre se conoció de la captura de cinco presuntos extorsionistas de comerciantes avícolas. Tal y como lo detalló la Fiscalía General de la Nación, aquellas personas eran integrantes del grupo delincuencial reconocido como La Oficina o La Inmaculada.
“Los capturados son: Jennifer Lorena Alvis Londoño, alias La Mona; Stiven Alexis Ocampo Ortiz, José Ramiro Giraldo Tobón, alias Ramiro; Ana Carolina Alvis Londoño, alias Ana; y Andrés Felipe Arango, quienes fueron capturados en Tuluá por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Valle del Cauca y los grupos Gaula Militar y de Policía”, informó la Fiscalía.
Se les acusa, según se lee en el expediente, de hostigar a comerciantes para obligarlos a pagar extorsiones que iban desde los 100.000 hasta los 400.000 pesos para no atentar en contra de sus vidas. Paralelo a esas capturas, Jhon Sebastián Velásquez Rivera, alias El Enano, fue notificado de su culpabilidad mientras se encuentra privado de la libertad.
A mediados de ese mismo mes, el último del año 2022, se reportó la captura de uno de los supuestos responsables de la muerte violenta de Pablo Mauricio Loaiza Betancurt, un comerciante que fue baleado en Tulúa, en febrero del año pasado. El fallecimiento, dijo la autoridad, fue consecuencia de la falta del cumplimiento de un pago consecuente a un hostigamiento. “El crimen investigado, presumiblemente, obedeció a que la víctima se negó a pagar una extorsión, hecho que además generó el cierre total de las operaciones de la empresa”, comentó la Fiscalía en su momento.
Por ese crimen fue capturado un hombre al que conocen dentro del mundo delincuencial como ‘El Soldado’. Él, de la misma manera, haría parte de la banda delictiva La Oficina. Fue imputado, por parte de las autoridades, por ser el responsable de los delitos como homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Fue recluido en un centro carcelario del Quindío.
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