El Ministerio Público advirtió que desde 2016, tras la firma del acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, 8.246 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento forzado por estructuras criminales, por lo que urgió al Gobierno a tomar medidas para combatir ese delito.
Así lo señaló la procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Ceneida López: “Siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en las regiones más afectadas por el conflicto que aún persiste, por lo que atender esta situación es prioritario dentro del contexto de construcción de paz”.
La funcionaria explicó que pese a la disolución del grupo armado ilegal, el reclutamiento forzado sigue y por lo tanto atender esta situación es prioritario dentro del contexto de construcción de paz.
Según cifras de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, a la fecha hay reportados 8.246 menores víctimas de reclutamiento forzado en el país.
El Ministerio Público señaló, con base en las mismas cifras, que los departamentos más afectados por el reclutamiento de menores son Antioquia, con 1.428 casos; Cauca (604; Meta (541); Caquetá (533); Nariño (486), y Chocó (429).
Mientras que los municipios donde se tienen más reportes de menores que fueron obligados a pertenecer a algún grupos armados fueron Medellín, con 187, Tumaco, con 156; San Vicente del Caguán (Caquetá), con 149, y Necoclí (Antioquia), con 104.
En consecuencia, la Procuraduría exhortó a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las gobernaciones de Chocó y Valle del Cauca para que adopten las medidas pertinentes para prevenir y combatir este flagelo y así proteger a los menores.
Otro dato alarmante sobre la situación de los menores, de acuerdo con la Procuraduría, es que los menores de comunidades étnicas son los más afectados, ya que el 9,2 % de los reclutados no adultos eran indígenas, mientras que el 6,6 % era de origen afrodescendiente.
“Se exhortó a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las gobernaciones de Chocó y Valle del Cauca para que adopten las medidas pertinentes desde sus competencias, para prevenir y combatir este flagelo y así proteger a los menores, en especial en las comunidades étnicas”, solicitaron desde el Ministerio Público.
Menor indígena asesinado en celebración de fin de año
A propósito de menores de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto, se reportó que a pocas horas de que iniciara el 2023, resultó muerto el líder juvenil José Taicus Pascal, quien formaba parte de la Guardia Indígena en zona rural del municipio de Tumaco, en el occidente del departamento de Nariño, con lo que se alcanzó la escabrosa cifra de 190 líderes sociales asesinados durante el año pasado.
El adolescente de 16 años falleció luego de que su familia sufriera un atentado cuando se movilizaban a una reunión con sus allegados, por el fin de año, en las inmediaciones de la vía que conduce al resguardo Alto Albi, en la vereda Pinde, señaló mediante un comunicado la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awa del Pacífico (Oripap).
Tras el ataque también resultó herido de gravedad un hermano del fallecido, identificado como Javier Taicus Canticus, de 21 años de edad, quien se encuentra con pronóstico reservado en un centro asistencial, agregaron en la misiva.
“Finalizamos el año 2022 con comunidades confinadas, familias desplazadas, líderes amenazados, iniciamos con la esperanza de que el año 2023 sea una época de tranquilidad para nuestras comunidades, según lo anunciado el 1° de enero por el señor presidente de la república de Colombia Dr. Gustavo Petro, desafortunadamente seguimos de luto perdiendo a nuestros indígenas en especial a los jóvenes (sic)”, afirmaron.
(Con información de EFE)
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