Los contratos por prestación de servicio han creado una discusión importante alrededor de los derechos laborales en Colombia, ya que según estudios, al menos un millón de personas en el país se encuentran trabajando bajo esta modalidad. Incluso, el presidente Gustavo Petro aseguró en el 2022 que, una de las prioridades sería la eliminación de esta figura en los primeros meses de año en curso. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aclaró mediante una carta que le envió a Secretaría Jurídica de Presidencia que esto no se podría ejecutar en el tiempo que se estipuló inicialmente, incluso, aseguró que no existe viabilidad presupuestal.
En la misiva enviada por la cartera de Trabajo, donde se hacen varias recomendaciones en un apartado, se advierte que teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya asignó un presupuesto para este año, las metas puestas por el Gobierno referente a la modificación de este tipo de contratos es “imposible de ejecutar”.
“Se observa que al expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas imponen y, por lo mismo, dar por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral puedan ser realizados en cuatro meses y sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa (…) Sino también imponen una carga imposible de ejecutar”, se lee en el documento.
Sin embargo, en el documento también se hacen algunas sugerencias para que se pueda hacer realidad este proyecto, que se encuentren enfocadas a la importancia de sistematizar los datos que permitir determinar de que forma se podría hacer el tránsito, pero pide que se siga celebrando este tipo de contrato, por lo menos, hasta diciembre de 2023.
En la misiva se señalan 6 puntos que consideran se deben poder en práctica para cumplir el propósito:
1. Realizar los estudios de cargas laborales para determinar los requerimientos reales de personal en la planta administrativa de las instituciones.
2. Adelantar las gestiones correspondes a fin de garantizar las apropiaciones presupuestales para adelantar los estudios técnicos requeridos.
3. Celebrar durante la vigencia 2023, contratos de prestación de servicios hasta el 31 de diciembre de dicha vigencia.
4. Realizar la provisión de los cargos vacantes en cada una de las entidades
5. Con el acompañamiento del DAFP adelantar procesos de ampliación de las plantas de personal.
6. Contemplar otras modalidades como las plantas temporales creadas con la ley 909 de 2004.
La misiva va más allá, pues deja en evidencia que las afirmaciones hechas hace algunos días que prometían que la eliminación de este tipo de contratos se llevará a cabo en abril de este año, no tuvieron en cuenta las recomendaciones que se les hacía hecho desde la cartera de Trabajo.
“Desde esta Cartera Ministerial observamos con extrañeza que el DAFP haya emitido la “Circular Conjunta No 100-005-2022 -LINEAMIENTOS DEL PLAN DE FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO DE EQUIDAD- VICENCIA 2023″, no solo sin atender nuestras recomendaciones y los principios legales, sino también permitiendo algunas de sus funciones generales”, se lee en el documento.
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