Cinco buses de transporte público fueron incendiados en Tuluá: empresa no habría pagado una extorsión

El incendio estaría vinculado a actos de extorsión de los que varios empresarios de la región ya han manifestado ser víctimas

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El Cuerpo de Bomberos de
El Cuerpo de Bomberos de Tuluá se dirigió rápidamente al lugar de los hechos para atender la emergencia. Fotografía: autor anónimo.

Cinco buses de transporte público que pertenecían a la empresa La Esperanza y se encontraban en un parqueadero, fueron incendiados la noche del 2 de enero de este año. Por ahora, las autoridades aseguran que se desconoce la identidad de las personas responsables, aunque se alude la responsabilidad a bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión.

Se sabe que antes de que las llamas lograran consumir las busetas de transporte público, llegaron las unidades del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia y lograron el control del fuego. Por fortuna, el hecho solo ocasionó pérdidas materiales, pues no dejó ningún herido.

Aunque aún no se ha confirmado la razón por la que fueron incinerados, las hipótesis más contundentes señalan que la empresa a la que pertenecían los vehículos se había negado al pago de una extorsión a un grupo delincuencial. Una situación que La Esperanza ya había vivido.

Así, se considera que el hecho estaría asociado a un evento previo de incendio de una buseta que pertenecía a la misma empresa. En esa ocasión, el vehículo fue incendiado en el interior de una terminal de transportes del municipio de Tuluá.

En vídeo quedó registrado el incendio de los vehículos de transporte:

Vídeo tomado del Twitter de Caracol Radio Cali

Por su parte, el Representante a la Cámara por Valle del Cauca, Víctor Manuel Salcedo, se pronunció sobre lo que sucedió, mencionando que el municipio ha sufrido varias acciones de extorsión. Además, resaltó que muchos de estos hechos vienen de órdenes de las cárceles, quienes envían información a vendedores ambulantes, empresarios o personas de a pie.

Al terror de la extorsión se suman las amenazas personales o familiares, exigencia de dinero o bien, el pago con sus propias vidas. Un hecho que tiene azotado el municipio y por el que el Salcedo ha solicitado especial ayuda a las autoridades.

Antecedentes de extorsión en el municipio del Valle del Cauca

Recientemente, cinco presuntos integrantes de la banda La Oficina, también conocida como La Inmaculada y que se ubican en el mismo municipio, fueron señalados de extorsionar a comerciantes, razón por la que fueron asegurados con medida privativa de su libertad.

Según la información obtenida, uno de los presuntos miembros era quien dictaba las órdenes de los delitos desde la cárcel. Se dirigía a las víctimas directamente a través de mensajes de texto y voz en tono amenazante.

Estos mensajes eran enviados mediante la plataforma de WhatsApp a empresarios con fines de extorsión, pues exigía un pago de dinero de hasta 400.000 pesos mensuales a cambio de no atentar en su contra, ni en la de sus familiares o negocios personales.

Entre los capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la policía y del Gaula Militar, se encuentran: Stiven Alexis Ocampo Ortiz, José Ramiro Giraldo Tobón, alias Ramiro, Jennifer Lorena Alvis Londoño, alias La Mona, Andrés Felipe Arango y Ana Carolina Alvis Londoño, alias Ana. Entre los apresados también estaba Jhon Sebastián Velásquez Rivera, alias El enano, quien ya se encontraba en el centro carcelario, privado por otros delitos.

Los cargos que se les imputaron fueron concierto para delinquir agravado, además de extorsión agravada. La captura fue posible gracias al material probatorio que presentó la Fiscalía y que permitió al juez de control de garantías la captura de los responsables en poco tiempo.

Se cree que esta organización, particularmente, pretendía la monopolización del mercado avícola en la región. Las autoridades mencionaron que buscaban convertirse en los comercializadores más importantes de Tuluá, usando la intimidación y la extorsión.

Por ahora, se esperan los resultados de investigación de las autoridades para identificar directamente a los responsables del incendio a los vehículos de transporte público, mientras que la región reclama garantías y seguridad para el sector comercial que se ha visto afectado progresivamente por la extorsión de los grupos delincuenciales.

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