La dignificación que esperan las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada

En Colombia llegó la hora de reivindicar el trabajo de las mujeres y personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada. En esta tarea, las mujeres sufren gravísimas vulneraciones de derechos humanos que van desde violencia sexual, secuestro, privaciones de la libertad, extorsiones, amenazas y represalias, en la búsqueda de los seres queridos, ya sea individualmente o colectivamente.

Este liderazgo no es reconocido ni por la sociedad ni por el Estado colombiano que, en muchas oportunidades, es ‘un palo en la rueda’ para que no se cumplan las leyes que existen sobre desaparición forzada. “En muchos casos los funcionarios no cumplen con su tarea por negligencia, indiferencia e indolencia”, reclaman las mujeres buscadoras.

Son tantas las revictimizaciones que sufren, desde todos los sectores de la sociedad, que muchas han perdido su trabajo por estar buscando un hijo, una hermana, un esposo, un padre o una madre que la violencia borró del mapa.

A esa vulneración de derechos se suman las pocas medidas de reconocimiento, sensibilización, prevención, atención y protección, así como la falta de verdad, la dificultad al acceso de información, la mala atención psicosocial, la confusa orientación por parte de las entidades, que hacen urgente una política pública que proteja de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras.

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Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el conflicto armado ha dejado más de 99.000 personas desaparecidas en Colombia. Para las víctimas, una desaparición forzada es una muerte en vida. Pues se mueven en la paradoja de no poder llorar a su muerto, pero tampoco lo pueden tener en sus brazos.

Se denominan mujeres y personas buscadoras aquellas que, de forma individual o colectiva, se han dedicado en forma continua y sustancial a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada a lo largo y ancho del país.

Son muchas las mujeres que dejan su vida en esta tarea. Una de las que más ha inspirado es Yanette Bautista, fundadora y representante legal de la Fundación Nydia Erika Bautista, antes de iniciar su labor, en Colombia, nadie hablaba de desaparición forzada.

Yanette tuvo que salir del país en 1997 tras amenazas contra su vida por estar buscando a su hermana, Nydia Erika Bautista. Su trabajo culminó con la destitución del hoy exgeneral Álvaro Velandia Hurtado, entonces comandante de la XX Brigada del Ejército colombiano.

Nydia Erika Bautista, militante del M-19, fue desaparecida en una operación conjunta de las Brigadas III y XX del Ejército Nacional el 30 de agosto de 1987. En su cautiverio sufrió tortura y violencia sexual antes de ser ejecutada, y su cuerpo abandonado como N.N. en un cementerio municipal de Guayabetal en Cundinamarca. La Fundación Nydia Erika Bautista nació en 1999 en el exilio.

Son tantos años los que lleva Yanette en esto que conoce como nadie lo que es trabajar en pro de las víctimas de desaparición forzada.

Un punto crítico para la búsqueda de personas desaparecidas es el Pacífico colombiano, específicamente, la Isla La Calavera en el estero de San Antonio de Buenaventura (Valle del Cauca). El Plan Regional de Búsqueda Pacífico Medio de la UBPD estima que en ese punto subacuático se encontrarían 1.136 personas.

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En el puerto vive Luz Dary Santiesteban, líder de la organización Madres por la Vida de Buenaventura, tiene dos hermanos desaparecidos forzadamente que espera encontrar: Luis Alberto Santiesteban, desaparecido el 23 de noviembre de 1998 y Pedro Manuel Santiesteban, desaparecido el 23 de abril del 2000. Ambos podrían estar en el estero San Antonio.

A la espera de respuestas por parte del Estado para iniciar las labores de búsqueda en el estero de San Antonio, Luz Dary habló con Infobae Colombia y valoró la labor de la Fundación Nydia Erika Bautista que las acompaña en su trabajo social.

Madres por la Vida nació el 23 de noviembre de 2006 a raíz de la iniciativa Redepaz. Su objetivo principal es recuperar la memoria histórica de las víctimas de desaparición forzada y de otros hechos como la violencia sexual y el desplazamiento forzado en Buenaventura.

El pasado 18 de octubre, Yanette Bautista junto a las senadoras María José Pizarro, Isabel Cristina Zuleta, Clara López y Gloria Flórez, entre otras, radicaron un proyecto de ley que pretende reconocer y proteger de forma integral la labor y los derechos de las mujeres y personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada.

Una de las particularidades de este proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República es que el foco se centra en las mujeres buscadores, y no en el desaparecido. “Allí percibimos una perspectiva de género que era necesario abordar y no dejar más de lado”, afirmó Bautista.

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Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son particularmente vulnerables a violencia sexual y otras formas de violencia de género. Por su parte, las mujeres que son miembros de la familia de una persona desaparecida son vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos, así como a padecer la violencia. Razones de peso para poner el ojo en el trabajo de las mujeres buscadoras.

Según la exposición de motivos de este proyecto de ley, se pretende dar reconocimiento e importancia a la labor que adelantan mujeres y personas buscadoras, para garantizar la participación efectiva en los espacios de decisión, medidas de acceso a la educación, acceso a la salud integral y sensibilización social, entre otras.

Este proyecto de ley es liderado por la Fundación Nydia Erika Bautista, que acompañan a más de 600 familias víctimas de desapariciones forzadas (que corresponden alrededor de 900 y 1.000 casos) y pretende que la búsqueda de las personas desaparecidas se fortalezca, además de contribuir a que las víctimas puedan conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos y que haya justicia plena.

Según la Fiscalía General de la Nación, el 99 % de los casos de desaparición forzada están en total impunidad: Hasta 2021 se adelantaban 136.344 procesos judiciales, de esos, el 1 % tiene sentencia, el 0.9 % está en etapa de juicio y el 0,42 % en ejecución de penas.

En este marco de impunidad estructural las familias -en particular las mujeres- se ven obligadas a enfrentar el aparato estatal en un estado de total indefensión humanitaria, social y jurídica. Esta situación la ha constatado la Comisión de la Verdad:

Para Luz Dary, como representante de víctimas, el proyecto de ley es una oportunidad para que sea dignificado su trabajo. Si es aprobado, la institucionalidad deberá investigar con mayor rigor la desaparición forzada y darles claridad a las víctimas.

En cambio, Yanette no duda en decir que la desaparición forzada no es investigada, ni tipificada, ni sancionada por la Fiscalía General: “pasa invisible”. En cambio, Luz Dary, recuerda que muchas veces le han dicho, desde el mismo ente investigador, “eso fue que usted lo enterró en otro lado”.

Desde diciembre de 2021 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares en el estero San Antonio, “con el fin de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición y en consecuencia prohibir cualquier intervención en el estero de San Antonio durante el término de 180 días prorrogables, en especial el dragado y el desarrollo de las obras civiles”.

Este punto es crítico por varios aspectos; dos en particular. La intervención se debe hacer de manera subacuática y se busca, también, evitar la ampliación del puerto por medio de un dragado. En septiembre de este año, la JEP prorrogó por seis meses las medidas de protección sobre el estero San Antonio.

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Como Buenaventura es el principal puerto de importaciones y exportaciones en el Pacífico colombiano, es de interés de las grandes empresas realizar megaproyectos para su ampliación, sin importarles las dificultades que esto implica para que las mujeres puedan encontrar a sus seres queridos.

Tanto Yanette como Luz Dary le dijeron a Infobae Colombia que la Unidad de Búsqueda “se ha quedado corta en su planteamiento de búsqueda efectiva para las víctimas en el estero San Antonio”.

En su respuesta a este medio de comunicación, la UBPD destacó que ha estructurado un diseño metodológico asociado a la Investigación Humanitaria y Extrajudicial del estero San Antonio que busca dar respuesta a cinco preguntas estratégicas:

1) ¿Quiénes y cuántas son las personas desaparecidas en el estero San Antonio?

2) ¿Dónde están y dónde encontramos a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado?

3) ¿Qué les pasó a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado?

4) ¿Quiénes buscan a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado?

5) ¿Cómo buscamos a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado?

La entidad nacida del Acuerdo Final de Paz también destacó que junto con las organizaciones recolectaron información sobre el universo de personas dadas por desaparecidas en el estero San Antonio, así como los posibles lugares de disposición de cuerpos y las prácticas sistemáticas de desaparición, disposición y arrojo de cuerpos y posibles patrones de transporte, disposición y movimiento de los cadáveres, a partir del conocimiento comunitario.

Esta construcción colectiva de información para la búsqueda permitirá iniciar el proceso de prospección subacuática en el estero, “el cual esperamos poder realizar durante el primer trimestre del 2023″, afirmó la entidad.

Para las comunidades negras del Distrito de Buenaventura, el estero San Antonio, históricamente, ha sido ese lugar donde se recrea la vida de la comunidad, una despensa alimentaria que ha servido de sustento durante décadas, la posibilidad de interconectarse con los diversos territorios ganados al mar, convirtiéndolo en un lugar cargado de sabiduría y recreación de las prácticas ancestrales.

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Unos de los reclamos de las mujeres buscadoras es que sean respetadas sus costumbres espirituales a la hora de la búsqueda. “El estero San Antonio también debe tener su sanación y hacerle su ritual, porque llegó algo que no debía estar ahí”, dijo Luz Dary.

La UBPD ha propuesto la realización de una prospección geofísica subacuática a través de métodos geofísicos acústicos como sonares y ecosondas, “que darán cuenta de la presencia de anomalías en el lecho marino”.

Si bien la propuesta integral para la búsqueda en el estero San Antonio propuesta por la UBPD se enmarca dentro de la arqueología experimental, esta entidad tiene la expectativa de poder recuperar los cuerpos o elementos asociados que permitan dar una respuesta efectiva a los familiares y personas que buscan.

Las organizaciones que impulsaron las medidas cautelares en el estero San Antonio han luchado sin descanso para que se incorporen el enfoque étnico y la cosmovisión de las comunidades negras. “Lamentablemente, el Ministerio del Interior dio un concepto negativo al inicio de las medidas cautelares. Eso afectó mucho el inicio de la búsqueda, al decir que no era un territorio negro, cuando al menos el 90 % de la población que se busca es afrodescendiente”, afirmó Yanette Bautista.

Según los estudios de la Fundación Nydia Erika Bautista, en los territorios que acompaña, en el 95 % de los casos, son las mujeres quienes asumen la búsqueda de los desaparecidos.

“Somos mujeres las que buscamos, porque las mujeres somos las que parimos a nuestros hijos y porque el dolor de una madre se siente en el vientre, por eso, el vientre es muy sagrado. Las mujeres somos espíritu, cuerpo y alma”, finalizó Luz Dary su charla con Infobae Colombia.

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