2022, el segundo peor año en materia de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales con 534 incidentes

Ad portas del cierre de un año electoral, en el que la ciudadanía colombiana escogió a sus congresistas y presidente de la República, y con el inicio del calendario electoral de 2023, la Misión de Observación Electoral presentó su informe de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales.

Para la Misión de Observación Electoral, el panorama de la violencia política ocurrida entre enero y noviembre de 2022 es preocupante, ya que se observa una tendencia en ascenso.

Con 534 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales, este año se ubica como el segundo con más agresiones desde la firma del Acuerdo de Paz, solo detrás del 2019 por un solo hecho violento.

De acuerdo con Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE, la situación de violencia también resulta agravante por el accionar y presencia de presencia de los grupos armados ilegales, pues “el 2022 se ha posicionado como el año con la mayor cantidad de acciones armadas y amedrentamientos de las estructuras armadas ilegales, desde que la MOE empezó su monitoreo en el 2018, con un total de 1.191 en 314 municipios de 27 departamentos del país”.

Así, los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Chocó y Putumayo se constituyeron como los epicentros de la violencia generalizada y letal contra liderazgos, al concentrar el 46.3% del total de agresiones y el 56% de los hechos letales registrados en el territorio nacional.

En cuanto a la violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales acontecida en los primeros 115 días del gobierno de Gustavo Petro (7 de agosto al 29 de noviembre de 2022), la MOE pudo identificar que se han registrado 164 hechos de violencia.

Así mismo, 52 de estos hechos fueron letales; es decir que correspondieron a asesinatos y atentados. La MOE resalta en este punto algunas de las políticas públicas en prevención y protección de liderazgos implementadas por el nuevo Gobierno dentro del marco de la política de Paz Total.

Entre estas, está el plan de emergencia para la protección de líderes sociales, personas defensoras de DD. HH y firmantes de paz; y la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. No obstante, esta organización ve necesario que estas políticas sigan fortaleciéndose y haciéndose efectivas y sostenibles.

Finalmente, al analizar la violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el primer mes del periodo electoral 2023, que arrancó el pasado 29 de octubre de 2022 con los procesos de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos, la MOE advirtió que, con el inicio del calendario electoral para las Elecciones Locales, ya se empieza a evidenciar un recrudecimiento de la violencia.

Y es que, entre el 29 de octubre del 2022 y el 29 de noviembre de 2022, se registraron un total de 41 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales.

Dicho total representa un incremento de 173.3% en comparación con el mismo periodo en el 2018, en que se registraron 15. En razón de esto, la MOE insiste en la importancia de mantener un mecanismo de diálogo directo entre cada una de las organizaciones políticas, el Ministerio del interior y la UNP con el fin de adoptar las medidas y acciones necesarias tendientes a prevenir la violencia política, en cualquiera de sus expresiones.

De otra parte, es importante avanzar en Comisiones de seguimiento electoral Departamentales que permitan hacer seguimiento integral a los diferentes factores de violencia e ilegalidad que puedan afectar y distorsionar las elecciones de mandatarios locales que se llevarán a cabo en octubre del próximo año.

Por último, la MOE le recomendó al Gobierno Nacional que continúe vinculando a actores de la sociedad civil en la elaboración de las políticas de protección y prevención, y que tenga un rol preponderante en la coordinación y capacitación de los gobiernos locales para que estos fortalezcan sus políticas públicas de protección a líderes y lideresas políticas, sociales y comunales.

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