Con el homicidio del concejal de Linares (Nariño), Óscar Rodríguez, van 10 líderes sociales asesinados en diciembre

A la escabrosa cifra de crímenes de líderes sociales en Colombia hay que sumarle una nueva víctima con el asesinato de Óscar Humberto Rodríguez, uno de los concejales del municipio de Linares (Nariño), el cual se perpetró en la madrugada del 29 de diciembre.

Además de trabajar en el cabildo de la población nariñense, Rodríguez era presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Linares (Astracal), vocero político de la Unión Campesina por la Paz de los municipios de Linares, Sandoná, Ancuya, El Peñol y El Tambo, así como era líder nacional de la Unidad popular Agroambiental por La Paz del Sur de Colombia (Upazsur), informaron en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

“Era un reconocido defensor de los derechos humanos, de los campesinos y un trabajador incansable por la Paz de su pueblo, también se destacó por su trabajo como concejal del municipio de Linares desde donde denunció públicamente y en repetidas ocasiones a la gerencia actual de la empresa de acueducto y alcantarillado de Linares “EMPOLINARES” por corrupción y los malos manejos que perjudicaban a los habitantes (sic)”, publicaron en la cuenta de Facebook de Upazsur.

Incluso el concejal lideró procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito desde la presidencia de la Asociación de Trabajadores de Cultivadores de Coca (Astrocan).

Este asesinato se suma a los 33 homicidios cometidos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos reportados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre en esta región, según las cifras recopiladas por la Defensoría del Pueblo, lo que convierte a Nariño en el departamento con mayor número de asesinatos del país.

Tras condenar el crimen e instar a las autoridades competentes a esclarecer y juzgar los hechos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia hizo un llamado a reactivar la Mesa Territorial de Garantías de Nariño como un espacio de alto nivel en el que concretar medidas de acción para garantizar la labor de los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos en el territorio.

Por su parte, desde la Plataforma de Organizaciones Sociales, de Víctimas y Defensa de los Derechos Humanos de Nariño se interpeló a través de un comunicado al ministro del Interior, Alfonso Prada, y al gobernador departamental, Jhon Alexander Rojas, para pedir el establecimiento de un Puesto de Mando Unificado por la Vida con una “presencia efectiva de las instituciones de orden nacional”.

Nariño es uno de los departamentos colombianos más golpeados por la violencia y el conflicto armado, en el que varios grupos ilegales tienen presencia y se enfrentan para lograr el control de un territorio clave para la ruta del narcotráfico.

Diversas organizaciones sociales piden desde hace varios años la reactivación de la Mesa Territorial de Garantías para adoptar medidas que protejan a la población civil y a los defensores de derechos humanos de la violencia de los actores armados.

Previo al crimen de Rodríguez, el 21 de diciembre se reportó el homicidio en Armenia (Quindío) de José Ricaurte Quintero Marín quien encabezaba la Fundación Supervivientes Maná, que conforman los familiares de víctimas de desaparición forzada.

Durante este último mes de 2022 también se tenía el registro de los homicidios de de los líderes sociales Jesús María Mora en Dolores (Tolima) y de Javier Gámez Hinojosa en San Juan del Cesar (Guajira).

De acuerdo con los datos de Indepaz, este año que está concluyendo fueron ultimados 188 líderes sociales y defensores de de derechos humanos, con los que se llega a 1.408 asesinatos de estas personas desde que se firmó el acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el Estado colombiano.

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