La reforma a la salud que propone el Gobierno nacional sigue siendo objeto de críticas de la oposición. En las últimas horas la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, hizo duros señalamientos contra el presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho.
Aunque desde el MinSalud han insistido que no buscan eliminar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), sí pretenden que dejen de ser intermediarias entre el Estado y los centros de salud que le brindan los servicios a los colombianos. Por ello, Valencia aseguró que la “salud está en peligro” porque, desde el gobierno de Iván Duque, habrían millonarias deudas a las EPS.
“El saldo que adeuda el Gobierno, solo de la vigencia 2021 a las EPS, asciende a unos $729.000 millones y corresponde a un ajuste de los denominados presupuestos máximos. Aún no los pagan. #SaludEnPeligro”, aseguró la congresista en su cuenta de Twitter, a su vez que cuestionó que el actual Gobierno no ha saldado las cuentas de cobro por servicios tecnológicos y medicamentos que se deben desde la era de Iván Duque.
“Los presupuestos máximos los calcula ADRES y los transfiere a las EPS para que garanticen a sus afiliados los servicios y tecnologías NO financiadas con UPC, en especial medicamentos, alimentos médico especiales, procedimientos, especialmente para enfermedades de alto costo”, señaló la senadora uribista.
Ante estos cuestionamientos, puso en tela de juicio la labor que el Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza de la ministra Corcho, está realizando. De hecho, advirtió que si a este sábado 31 de diciembre no se saldan los millonarios recursos que el Estado le debería a las EPS “veremos el plan para asfixiarlas y acabarlas”.
Es más, lanzó una dura advertencia de cómo los dos modelos de salud que hay en Colombia podrían verse afectados debido a las deudas que le generó el Estado: “Las -EPS- del contributivo y del subsidiado cerrarán 2022 con saldos en rojo, incumpliendo indicadores financieros y de solvencia”, señaló Valencia.
Inclusive, advirtió que varias de esas EPS cerrarán, producto de la supuesta mala gestión que la cartera les está dando. Para Valencia, que no mostró pruebas para ratificar sus polémicas denuncias, no solo los ciudadanos de las grandes ciudades se verían afectados en material salubrista sino que, incluso, las redes que le prestan servicios a las comunidades indígenas también presentarán un déficit económico.
“1Si no les paga el MinSalud lo que le debe a las EPS hoy o mañana, las EPS van a desaparecer. Pone en riesgo su permanencia, y la atención de la población afiliada de todas las EPS, incluidas las indígenas”, indicó la legislara del Centro Democrático.
En su andanada de cuestionamientos, Paloma Valencia también se preguntó las razones por las que el Gobierno nacional no habría pagado las deudas a las EPS si ya se prestaron los servicios de salud para la ciudadanía. “Lleva en proceso de verificación más de 4 meses y dilata el giro de unos recursos correspondientes a servicios que ya fueron prestados y cubiertos con presupuesto de las propias EPS”, añadió la senadora.
En sus múltiples datos que, de nuevo, no contaban con las pruebas para sustentarlos, la militante uribista aseguró que el Gobierno no solo debe los más de 700 mil millones sino que, incluso, la deuda sería mayor.
“La deuda del Gobierno Nacional con las EPS, asciende aproximadamente a 1,6 billones de pesos: los ajustes pendientes de la vigencia de 2021 ($790.000 millones) y lo correspondiente al 2022. @SaludEnPeligro”, añadió Valencia.
Por ahora, desde el Ejecutivo ni del MinSalud se han referido al respecto. Sin embargo, días atrás, la ministra Corcho ya había dado pormenores de cómo se manejarían los regímenes subsidiado y contributivo bajo el mandato de Petro. La funcionaria aseguró que ya se ha reunido con los directivos de las EPS para plantear la hoja de ruta de lo que se viene en 2023 a nivel de salud.
“El Ministerio de Salud mantiene su propuesta al Ministerio de Hacienda y a la Comisión de que igualemos la UPC, porque siempre ha habido una diferencia entre el régimen contributivo y el subsidiado”, expresó Corcho en diálogo con medios regionales de Bogotá.
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