Por presunto prevaricato por acción, Procuraduría denunció a juez que otorgó la libertad a dos miembros de la primera línea

La Procuraduría General de la Nación denunció penalmente a la jueza coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhoana Bastidas Huertas por la presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción, al haber ordenado la libertad de dos jóvenes de la primera línea que fueron designados como voceros de paz por el Gobierno nacional.

La denuncia fue radicada ante la Fiscalía Delegada y ante el Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que la funcionaria no tenía competencia para librar las boletas de libertad, y por el contrario se abrogó el conocimiento de la actuación sin dar traslado a uno de los jueces de garantías que se encontraban de turno, tal como lo indican las reglas de reparto establecidas.

El Ministerio Público comentó que la juez coordinadora no dejó constancia de la norma que la facultaba para decretar la libertad de los sindicados y que “pasó por alto que las resoluciones remitidas por el Alto Comisionado para la Paz no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura que pesaban en contra de Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Súa”.

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Para el órgano de control, la funcionaria debió realizar un análisis de fondo sobre la solicitud que se le planteó para hacer el control que le correspondía, y no actuar como “una simple tramitadora de una orden del Ejecutivo, que no contaba con asidero legal”.

También se conoció que la providencia donde se acató la orden presidencial no fue notificada a los sujetos procesales que tenían interés en el asunto, al punto de que la Procuraduría se enteró de la decisión gracias a la divulgación que de la noticia hicieron los medios de comunicación.

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La Procuraduría resaltó que, a pesar de que la decisión fue adoptada el 20 de diciembre pasado, al día siguiente funcionarios del Grupo de Asistencia a Usuarios le informaron al Procurador Judicial Penal designado como Agente Especial que el proceso se encontraba en el Centro de Servicios Judicial para ser asignado por reparto.

“La falta de diligencia a la hora de publicitar la decisión judicial en cuestión por los canales establecidos para el efecto, va en contravía de los principios de transparencia, de facilitación, de calidad de la información y de divulgación proactiva que la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información (Ley Estatutaria 1712 de 2014) preconiza respecto del derecho de acceso a la información pública”, puntualizó la Procuraduría.

Por los mismos hechos, el Ministerio Público radicó ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá una queja disciplinaria contra la funcionaria. Tanto la denuncia como la queja fueron instauradas por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.

El 21 de diciembre de 2022, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC confirmó que Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo Súa, miembros de la denominada primera línea quedaron en libertad bajo la figura de gestores de paz.

Adriana Esperanza Bermeo Súa, según la información compartida por el Gobierno, se ha desempeñado como líder comunitaria y se ha dedicado a la defensa de los animales y de los derechos humanos.

Por otra parte, Márquez Charris, desde su captura participó en actividades sociales.

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