El pasado 30 de noviembre fue capturado Darío Laíno Scopetta, hombre clave en la expansión paramilitar en el Caribe colombiano durante los años 90 y 2000. De acuerdo con información de las autoridades, este hombre de ascendencia italiana también colaboró en la creación del frente José Pablo Díaz, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC— y comandado en esa región por Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40.
Previo a esa detención dada en Barranquilla —julio de 2022—, un juez lo había condenado a 32 años de prisión por tener nexos con el crimen de Manuel Pájaro Peinado, integrante del Sindicato de Servidores Públicos de esa ciudad. Sumado a eso, la Fiscalía General de la Nación lo vinculó a un proceso en calidad de presunto responsable del asesinato de Hermes Daniel Mercado, miembro del Sindicato de Educadores de Atlántico.
“Era la persona encargada de pagar las nóminas de todos los grupos del Bloque Norte, era jefe de comandantes y, al igual que Jorge 40, ningún homicidio se ejecutaba sin su aval”, se lee en la sentencia del magistrado Gustavo Roa Avendaño, proferida en marzo de 2019.
Sumado a estos hechos, este jueves 29 de noviembre se conocieron nuevas acciones legales en contra de Laíno Scopetta. De acuerdo con W Radio, alias Ojitos azules fue denunciado por corrupción judicial, al igual que su abogado, Antonio Morales, y el fiscal quinto especializado de Barranquilla, Jairo Vásquez.
Concretamente, la acusación expresa que estos tres sujetos son señalados de haber cometido los delitos tráfico de influencias, fraude procesal, prevaricato y falsedad, además de corrupción judicial. Adicionalmente, las pruebas adjuntadas por los denunciantes demostrarían que, en efecto, el actual condenado habría cometido los delitos mencionados.
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Los otros señalamientos contra Laíno Scopetta
Un día después de conocerse su captura, El Espectador señaló que hay varios documentos que prueban la relación que tenía el narcoparamilitar en los crímenes de más profesores de la Universidad del Atlántico y otros sindicalistas. Al respecto, señaló que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo —Cajar—, le había hecho una solicitud a la Fiscalía para que declarara el asesinato de Ricardo Orozco Serrano, otro sindicalista, como un crimen de lesa humanidad.
Dicha petición se hizo bajo el argumento de que el crimen, cometido en 2001, estuvo contemplado en una serie de hechos sistemáticos contra sindicalistas y maestros en Barranquilla orquestada por el frente José Pablo Díaz, del cual Laino Scopetta era financiador.
Vale señalar que alias Don Antonio, hombre que manejaba las finanzas de las AUC en el Caribe, declaró junto con otros exparamilitares que Laíno tenía un rol importante dentro de esa estructura; incluso, aseguraron que muchas de las acciones criminales del frente eran consultadas previamente con él. Pese a la evidencia, la Fiscalía negó la solicitud afirmando que no encontraron sistematicidad en esos homicidios y se supo también que el actual condenado fue absuelto por el Tribunal Superior de Barranquilla en segunda instancia.
Esta sección, en 2018, emitió una sentencia en la que detalló cómo fue el actuar del frente José Pablo Díaz entre 2000 y 2006 en Atlántico, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. De igual manera, se centró en demostrar que las empresas de Laíno (y él mismo) hicieron aportes fundamentales para la expansión de las Autodefensas en esa región.
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