Más medidas restaurativas que cárcel: así va quedando el proyecto de reforma a la justicia que se presentará en 2023

En noviembre de este año, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, fue citado a un debate de control político para que entregara detalles sobre la actual situación carcelaria en el país. En esa plenaria, el alto funcionario advirtió que en los centros penitenciarios hay crisis tanto de hacinamiento como de acceso a la salud, motivo por el cual dijo que en marzo de 2023 presentará ante el Legislativo un proyecto de reforma a este sector.

Precisamente, este jueves 29 de diciembre se conoció el borrador del proyecto de ley que permite hacer cambios de forma y fondo al sistema judicial en el país. El documento a presentar en la próxima legislatura propone, como primera medida, modificar el Código Penal (Ley 599 de 2000) para así, transformar el sistema carcelario por uno restaurativo, así como implementar penas alternativas además de la reclusión.

Dentro de esa política de ‘menos cárcel’, el Ministerio de Justicia plantea que se refuerce la medida de prisión domiciliaria, incluso, que quienes han sido detenidos puedan afrontar sus procesos en libertad.

Para ello, habría que modificar el artículo 38 del Código Penal —titulado ‘requisitos para conceder la prisión domiciliaria‘— y que señala cuatro condiciones para conceder este beneficio

1. Que la sentencia sea impuesta por conducta punible y que la condena sea de ocho años o menos.

2. Que se demuestre el arraigo social y familiar del condenado

3. Que se garantice la caución teniendo en cuenta otras condiciones, como que el condenado no cambie de residencia sin autorización previa; que sean reparados los daños en el tiempo que considere el juez; comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de su pena y permitir la entrada a su residencia de funcionarios encargados de revisar el cumplimiento de su pena.

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Ahora, con la modificación que plantea la cartera de Justicia y el Derecho, la pena mínima para acceder a este beneficio pasaría de ocho a 12 años. Sin embargo, el juez que lleva el caso tendrá que establecer qué servicios de utilidad pública debe hacer el procesado para que cobre sentido la medida sustitutiva a la condena.

Justamente, el objetivo de esta propuesta es que haya menos cárcel y por ende, menos hacinamiento. En ese sentido, Osuna explicó en diálogo con Caracol Radio que “habría que esperar qué dice el Congreso, pero, aplicaría para todos los delitos menos los delitos sexuales y delitos contra niños, niñas y adolescentes”.

Vale recordar que en debate de control político, el funcionario señaló que estaciones de Policía, bodegas improvisadas y las mismas Unidades de Reacción Inmediata —URI— registran un hacinamiento de hasta un 170 %. El ministro de Justicia respondió ante esto que actualmente hay 97.300 personas privadas de la libertad en centros reclusorios custodiados por el Inpec; 22.319 se encuentran en estaciones de Policía y 71.185 tienen la medida de casa por cárcel. A su vez, 1561 personas están en Unidades de Reacción Inmediata y 2900 han sido recluidas en cárceles de entidades territoriales para un total de 195.265 detenidos.

“Si la solución a este problema fuera fácil, por supuesto que los gobiernos anteriores la habrían encontrado sean de cualquier color político. Es decir, la solución no es fácil, es compleja”, manifestó Osuna, motivo por el cual también planteó la necesidad de reformar el actual sistema judicial colombiano, incluyendo el penitenciario.

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