Reforma a la educación: académicos proponen acceso universal, Superintendencia y Consejería para el sector

La Ley 30 requiere una reforma urgente, señalan los miembros de la red que reúne a más de 100 organizaciones relacionadas con la educación y la ciencia. Le plantearon al Gobierno del presidente Gustavo Petro considerar varias acciones en una reforma al sector, que parte desde considerarlo un derecho fundamental, hasta una nueva institucionalidad que garantice la participación de la academia en la política pública.

“Consideramos que es clave discutir la posibilidad de una ley estatutaria en la educación porque si se convierte en un derecho fundamental, todos los ciudadanos tendrían la garantía por parte del Estado para acceder a todos los niveles de la educación. La educación no debe ser un derecho solamente en la básica, la media y en la educación inicial, sino en todos sus niveles, tanto en formación para el trabajo, desarrollo humano, como en educación superior”, señaló a Infobae Carlos Garzón, coordinador del Foro Permanente y vicerrector de la Universidad Agustiniana.

“Hay una ley 30 que lleva ya 30 años de funcionamiento y que obviamente requiere ajustes, porque la educación y la ciencia hoy han cambiado muchísimo con la cuarta y quinta revolución industrial. Nosotros no podemos tener leyes que están ancladas en el pasado y que no le permiten a las instituciones desarrollar proyectos innovadores mucho más acordes con las tendencias en el mundo”, agrega el coordinador del Foro Permanente de Ciencia.

Dentro de las propuestas consideran que se debe unificar la normatividad educativa, actualizar la Ley 30 que lleva el mismo número de años de vigencia y se incluya una ley que haga efectivo el derecho a la educación que está en la Constitución, pero no en la práctica.

“La educación no debería ser un privilegio para quienes tienen recursos para acceder a ella, sino que debería ser un derecho que el estado le garantiza a cualquier persona que lo quiera hacer”, señala Garzón. Consideran que con recursos para la infraestructura en un sistema mixto de instituciones públicas y privadas, se podría garantizar la capacidad necesaria para garantizar el acceso tanto a educación como a ciencia.

La gratuidad sería una forma de garantizar el acceso, pero se plantea también que el Estado pueda girar recursos para quien desea acceder a una universidad privada. “Hay que pensar en financiación de la oferta y la demanda. Nosotros tenemos hoy el Icetex como medio de financiación de la demanda, pero también tenemos FODESEP que financia la oferta, las instituciones. Entonces hay que hacer la financiación en doble vía”, explica Garzón.

Contemplan que el Icetex pueda reproducir sus recursos y garantizar que haya mayor capacidad para las personas que lo necesitan, pero sin funcionar como un banco privado. Así mismo, unos recursos que lleguen a las instituciones, que reduzca los costos de la educación.

En cuanto a la Superintendencia, desde el Foro sostienen que hay varios argumentos para considerar la creación de ese ente de vigilancia para el sector educativo. Este se une a otras instituciones como Agencia Nacional de Calidad que reúna a todas las instituciones que hoy la regulan, con el objetivo de mejorar los estándares.

“Un ejemplo: una universidad quiere aprobar un programa que es absolutamente necesario, innovador, creativo y que además de eso podría tener unos muy buenos resultados para los jóvenes. Hoy, para que lo apruebe el Ministerio se puede estar demorando entre año y un año y medio; nosotros planteamos que esto debe ser un sistema mucho más eficiente, que efectivamente se acaben los represamientos en términos de esas autorizaciones en el Ministerio para que las instituciones de educación superior puedan ofrecer sus programas”, explica Garzón.

Sobre este aspecto ya han presentado varias propuestas al Ministerio de Educación, sobre las que el jefe de la cartera Alejandro Gaviria se ha mostrado de acuerdo. El funcionario considera que existe un fracaso del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que podría empezar a reformarse a partir del próximo año.

En cuanto a la Consejería Científica, es una entidad estratégica que le plantearon a Gustavo Petro cuando era candidato. Con esta se busca que personas del campo investigativo puedan asesorar al mandatario directamente en la formulación de las políticas públicas en todas las materias para tomar mejores decisiones basadas en evidencia.

Parte de las propuestas están enfocadas en la educación para la paz y que se incluya a la academia como un actor fundamental en la convivencia. Por eso en el decálogo también contemplan un reposicionamiento de los valores y principios éticos que transforme la cultura de violencia de los espacios de confrontación en una cultura de convivencia con el derecho a la protesta como herramienta de transformación y reivindicación social.

Finalmente, recogen también un enfoque étnico de la educación y regional. “En Colombia, que es muy diversa, pero muy heterogénea, creemos que las estrategias de ciencia y educación deben ser diferenciadas por territorios. Creemos que es importante el enfoque poblacional, el enfoque étnico, el enfoque de la diversidad, y es efectivamente respetar también todo este conocimiento que dan las comunidades, el conocimiento comunitario, que puede llegar a ser muy importante también dentro de nuestros niveles de la educación y de las ciencias”, explica Garzón.

Desde el Foro insistirán en que se discutan las propuestas con el Gobierno nacional, que ha sido perceptivo a sus planteamientos y los están analizando. El próximo año, en febrero, realizarán un congreso para presentar propuestas más específicas del sector.

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