De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 99.000 personas desaparecidas.
La entidad nacida del Acuerdo Final de Paz construyó junto a víctimas, organizaciones y entidades nacionales el Plan Nacional de Búsqueda (PNB), así como su metodología para cambiar el paradigma de la búsqueda.
La institución busca dar un cambio de enfoque de uno judicial a uno extrajudicial y humanitario que contribuya a la satisfacción del derecho a la verdad de las personas desaparecidas y al alivio del sufrimiento de quienes les buscan.
La UBPD hace parte del Sistema Integral de la Paz, junto a la JEP y la Comisión de la Verdad que terminó su mandato en julio de este año.
El PNB contiene 23 planes regionales en todo el país que involucran fosas comunes y sepulturas donde se podrían encontrar restos de las personas cuyos familiares las reportaron como desaparecidas en medio del conflicto armado.
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Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, indicó que la entidad tiene como prioridad que la búsqueda de las personas sea articulada entre todas las entidades responsables y enmarcada en el Sistema Integral, “a la ejecución y el contenido de las sanciones propias”, señaló Monzón.
Según lo expuesto por la UBPD, el trabajo adelantado en el Plan Nacional de Búsqueda ya permitió la recuperación de 600 cuerpos y la identificación de ocho personas con vida.
“Este es un escenario que puede no ser comparable en términos de dimensión numérica de las personas desaparecidas, y geográfica de la dimensión que tiene este país, que es absurda, que es vergonzosa, que es horrorosa, pero que demanda una respuesta también de esa misma dimensión”, explicó la directora.
En el mismo sentido, la UBPD le solicitó al Gobierno de Gustavo Petro que la búsqueda de desaparecidos sea una política pública y para ello, se trabaje en incluir la propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
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Durante su intervención, Monzón pidió que se garantice el derecho de las familias a conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos. Por eso, el pedido al Gobierno nacional para que se convierta en política pública.
“Una política pública que asegure no solamente que todas las instituciones contribuyan y aporten al desarrollo de estos planes regionales, a través de los cuales se concreta este Plan Nacional, sino que también facilitad la agilidad de las respuestas a las familias, que al final son la satisfacción de los derechos de las víctimas”, explicó Monzón.
La priorización del PNB, etapa que está en curso, está estructurada a partir del planteamiento de las preguntas que orientan la clarificación de la búsqueda: ¿A quiénes estamos buscando?, ¿en dónde les estamos buscando o vamos a buscar?, ¿cuándo les desaparecieron?, ¿quiénes les están buscando?, y ¿cómo les desaparecieron?.
Tanto el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), han señalado que la búsqueda de las personas víctimas de la desaparición es un deber y una obligación del Estado.
Dentro del PNB también se destaca que víctimas, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, tienen experiencias, conocimientos y saberes que se han construido durante largos años de búsqueda, que son esenciales para agilizar la búsqueda y especialmente para brindar escenarios o espacios reparadores.
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