Desde la posesión presidencial de Gustavo Petro, el pasado 7 de agosto en la Plaza de Bolívar de Bogotá, han sido asesinados ocho firmantes del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.
El último firmante de paz abaleado fue Jonh Janer Palacios Velasco, líder social y defensor de derechos humanos que murió a manos de un grupo armado que opera y recluta a menores de edad en las inmediaciones del municipio de El Palo, Cauca. Su homicidio ocurrió el pasado domingo 25 de diciembre.
“Lamentamos y rechazamos categóricamente los asesinatos de los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz del Teatro Colón”, se lee en un comunicado conjunto de los ministerios de Defensa e Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
“Frente a actos de violencia contra firmantes de paz y líderes sociales, decimos que todo atentado en contra de la vida nos duele profundamente”, dice en el comunicado con fecha de 27 de diciembre de 2022.
Según cifras del Gobierno, desde el 1 de enero hasta el 7 de agosto, fueron asesinados 31 firmantes del Acuerdo de Paz, “un fenómeno alarmante y lamentable que, pese no haberse detenido por completo, sí mostró una reducción porcentual a partir de la implementación de medidas especiales por parte del actual Gobierno”, aseguraron las entidades estatales en su comunicado.
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De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), John Janer Velasco Palacios realizaba su proceso de reincorporación en el norte del departamento de Cauca. Con este hecho, la organización social cuenta un total de 348 firmantes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y 43 en lo corrido de 2022.
Las entidades que firmaron el comunicado informaron que para proteger la vida de los firmantes de paz, en los Consejos de Seguridad que el Gobierno nacional lleva a cabo todos los lunes, “el asesinato de líderes sociales y de firmantes de paz es un tema prioritario de análisis con miras a la formulación de acciones estratégicas para enfrentar factores de riesgo y desmantelar los grupos criminales responsables por estos hechos”.
Entre las técnicas que se han implementado para disminuir los homicidios se encuentran, por ejemplo, una campaña nacional en contra de la estigmatización de excombatientes y líderes sociales y la instalación más de 200 Puestos de Mando Unificado por la Vida.
Hay que destacar que durante la fase de acercamientos con grupos armados, en el marco de la política de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro, varias agrupaciones ilegales se han comprometido a un cese el fuego unilateral, que necesariamente implica el respeto por la vida y la integridad de toda la población colombiana.
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“Este compromiso es elemental para que los armados demuestren su voluntad de paz y para que el Gobierno autorice el inicio de una fase formal de diálogos con cada grupo”, se lee en el comunicado del oficialismo.
Asimismo, se informó que la UNP, que hoy está siendo reestructurada, ha diligenciado “con prontitud casi la totalidad de las solicitudes que le han remitido firmantes de paz en situación de riesgo. La entidad es consciente de la gran responsabilidad que significa tener a su cargo la protección de la vida de este grupo poblacional”.
Por último, el Gobierno nacional hizo un llamado para que exista más voluntad política y enfrentar esta crisis.
“Cinco meses son insuficientes para resolver las violencias enquistadas desde siempre en las dinámicas de la política nacional. Sin embargo, tenemos la certeza de que las medidas que se vienen adoptando, y que ya han comenzado a mostrar impactos positivos, lograrán atajar eficazmente futuros intentos de saboteo a la paz integral en nuestro país”, concluyó el comunicado.
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