El general retirado de la Policía Nacional es investigado por nexos con paramilitares, haber participado en el asesinato del periodista Jaime Garzón Forero y su presunta relación con varios asesinatos contra defensores de derechos humanos entre otros delitos, por los cuales ya pagó una condena en Estados Unidos, pero en Colombia se acogió al tribunal de paz.
En septiembre del 2021 se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó la solicitud de sometimiento que pidió el propio general (r) Mauricio Santoyo, y ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005, en la que se comprometía con la verdad.
La JEP le dio a Santoyo 20 días hábiles para que exprese de manera concreta, clara y programada, por escrito, de qué forma pretendía contribuir al esclarecimiento de la verdad, la satisfacción de los derechos de las víctimas y las garantías de no repetición.
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Ante esta solicitud, el exgeneral de la Policía presentó un plan en el que dijo que contaría la verdad sobre varios hechos que estarían asociados al conflicto armado interno; pero a pesar de que allí no menciona cuáles, el uniformado retirado es investigado por los crímenes de Claudia Patricia Monsalve, Jesús María Valle y Ángel José Quintero, además del prontuario de crímenes por los que ya pagó en una cárcel de Estados Unidos.
En mayo del 2022, la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ-, en representación de las víctimas, pidió más seriedad a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del tribunal especial de paz a la hora de exigirle a Santoyo un mayor compromiso con la verdad de los hechos que iba a contar y por los cuales fue sometido a dicha jurisdicción.
Por ahora el general (r) no ha hecho ningún aporte significativo para contribuir con la verdad y, en cambio, reafirmó su inocencia ante los señalamientos por vínculos en esos crímenes. La JEP tiene la potestad para evaluar la permanencia de Santoyo en este tribunal; sin embargo, ante las constantes peticiones por parte de las víctimas, podría ser sometido ante la justicia ordinaria.
Cabe mencionar que Santoyo fue condenado en el 2012 a 13 años de cárcel en Estados Unidos y al pago de una multa de $125.000 dólares por mantener vínculos con paramilitares y colaborar con narcotraficantes.
El exoficial se declaró culpable ante un tribunal federal en el estado de Virginia, en el que se adjudicó los delitos de conspirar para dar apoyo material y recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que es catalogada en el país norteamericano como una organización terrorista.
Esta condena en el país norteamericano la cumplió hasta 2019, año en que regresó al país; pero a su llegada al aeropuerto El Dorado (de Bogotá) fue capturado por autoridades colombianas. Actualmente no se ha definido su situación, ya sea bajo el tribunal de paz o alguno de los organismos de la Rama Judicial en Colombia.
Dentro de los crímenes por los cuales es investigado se encuentra el de enriquecimiento ilícito. También se constató que el exoficial logró amasar un patrimonio de más de 6000 millones de pesos que, en parte, fue producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa mientras estuvo vinculado con la Policía Nacional, entre 1999 y 2009.
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