
El 27 de diciembre, el agente liquidador de la mercadería Justo & Bueno, el abogado Darío Laguado Monsalve, expuso ante los medios de comunicación que los recursos de la liquidación de la empresa de mercadería no serán suficientes para subsanar las deudas contraídas. Entre los acreedores de la empresa se encuentran los arrendatarios, trabajadores y proveedores. La cadena de supermercados tenía bajo su control, aproximadamente, 1.500 locales y estaba presente en 29 de los 32 departamentos del país.
“Hay 15.000 reclamaciones, con proveedores de toda naturaleza, entre ellos, de tecnología y combustibles. Pienso que todos los proveedores de alimentos perdieron su plata, no hay ni un solo peso para pagarles”, dijo el abogado a Blu Radio.
A lo largo de la entrevista, el agente liquidador explicó al medio citado cómo el modelo de negocio de la cadena de bajo costo fue perdiendo capacidad a lo largo del tiempo, al respecto señaló:
En el caso de los arrendadores de los locales, el funcionario indicó que se les deben 22 meses, de los cuales no hay forma de pagar ni un canon. Lo que, en palabras de Laguado: “que el inquilino le deba a los arrendadores 22 meses, eso pasa de castaño a oscuro. Formalmente, presentaré el estado de cuentas el 15 de enero y se confirmará que el desfalco es cercano al billón de pesos”
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Frente a las razones del colapso de la empresa, el liquidador aseguró que el modelo de negocio era una especie de “lego”, en el que todos los actores involucrados aportaban, menos el organizador:
Aunque el abogado Laguado puntualizó que su trabajo consiste en cerrar, liquidar y pagar, brindó algunas reflexiones sobre las posibles razones que pudieron llevar a esta situación a la empresa.
La primera, relativa a la centralización de las decisiones, las cuales estaban en cabeza de una sola persona y en su perspectiva, un proyecto de la envergadura de Justo & Bueno requería de una mesa directiva o asamblea. La segunda, tiene que ver con la apertura de 300 locales durante la pandemia, cada uno de los cuales tuvo un costo de 48 millones de pesos, los cuales, debido al contexto, resultaron ser improductivos.
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