La directora del ICBF denunció penalmente al operador Asociación Creemos en Ti

Hoy. 28 de diciembre del 2022, por medio de un comunicado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó a la opinión pública que su directora, la cuestionada Concepción Barecaldo, denunció ante la Fiscalía General de la Nación al operador Asociación Creemos en Ti, debido a las presuntas irregularidades en la prestación de los servicios.

La decisión fue consecuencia de la investigación, en el marco del proceso administrativo con carácter sancionatorio, que fue adelantada al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la que se probó que existió manejo inadecuado en los recursos por parte del operador.

Entre los hallazgos evidenciados se encontraría apalancamientos monetarios y traslados no permitidos, así como la asignación de cargos y honorarios que no contaban con la aprobación del organismo. En consecuencia, desde el ICBF la Asociación Creemos en Ti fue sancionada con la suspensión de su licencia de funcionamiento. Este operador prestaba servicios para las regionales del Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá.

Así mismo, en el comunicado se afirma que desde la dirección del ICBF se insistirá en que los recursos destinados a la atención de los niños, niñas y adolescentes del país deben manejarse con total transparencia, pues de ello depende la eficiencia en su ejecución. Finalmente, se llamó a la ciudadanía a ejercer procesos de veeduría.

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Es importante recordar que en días pasados la Contraloría General de la Nación informó sobre algunas irregularidades al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Desde el organismo de control se aseguró que cerca de $ 9.127 millones de pesos están comprometidos en posibles casos de corrupción.

La alerta fue respondida por el ICBF durante el fin de semana de la tercera semana de diciembre, manifestando que se harán las investigaciones correspondientes para poder determinar quienes estarían relacionados y como se habría perdido el dinero destinado a rubros de alimentación.

En medio del proceso de auditoria que se llevó a cabo, la Contraloría encontró, al menos, 60 hallazgos, de los cuales se puede determinar que el 30 % son en temas fiscales, el resto están distribuidos en temas disciplinarios y de carácter penal, como en el caso del operador denunciado.

“Para el cálculo de ese presunto detrimento, se tomó el valor de la canasta por cada beneficiario atendido, según la modalidad, y se multiplicó por el tiempo de atención, para el cual se tuvo en cuenta la respectiva fecha de vinculación y desvinculación”, anotó en su informe el ente.

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