Desde la regional del Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas que han recibido líderes sociales y una de las funcionarias de la entidad el fin de semana pasado por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
A través de un comunicado emitido este 28 de diciembre desde Cali, la entidad confirmó que el grupo armado amenazó a una de sus funcionarias el fin de semana de Navidad, y aunque no entregó detalles de los sucesos, sí hizo un llamado a las autoridades para que por medio de los equipos de trabajo de nivel nacional se active una ruta de protección ante las autoridades y entidades competentes.
Además, solicitó de manera urgente adelantar las investigaciones por parte de la Policía Nacional y el Ejército para que brinden las garantías de seguridad necesarias y así continuar con el trabajo humanitario en los territorios, no solo por el hecho presentado con una defensora, sino por el incremento en las amenazas a líderes y lideresas sociales en la región.
En esta zona del Valle del Cauca, la entidad mantiene vigente la Alerta Temprana 001 del 2021 que advierte de la presencia de distintos grupos armados, entre ellos disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia, autodenominadas “Águilas Negras” quienes han amenazado por medio de panfletos a la comunidad en días recientes.
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Otro de los grupos armados con presencia en el territorio son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidos como el Clan del Golfo, a los que se les adjudica la amenaza reciente recibida por una de las funcionarias de la Defensoría del Pueblo, actúan en las zonas suburbanas de la región.
La delincuencia común también incide en la zona, grupos delincuenciales asociados al narcotráfico operan en el territorio y según la entidad, han generado una amenaza para los derechos de la población civil.
Respecto al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) implementado por la Defensoría del Pueblo desde 2016, el mecanismo ha permitido llevar un registro más preciso respecto a las denuncias o llamados al Gobierno que hacen las comunidades más vulnerables.
Gracias a este registro, se determinó que 2022 se ha convertido en el año con mayor número de homicidios de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos desde 2016, año en el que inició el mecanismo SAT.
Entre el primero de enero y el 30 de noviembre de este año fueron asesinados 199 líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia. El departamento con mayor número de asesinatos fue Nariño, con 33 casos, le siguen Cauca con 25, Putumayo 20, Antioquia 20, Arauca 12, Valle del Cauca 11, Bolívar y Santander con 9.
El departamento con más afectaciones a los derechos humanos en 2022 fue Arauca, donde todos los actores del conflicto armado tienen incidencia. El caso más reciente en el departamento fue el secuestro a manos del ELN del suboficial tercero naval de la Armada de Colombia Camilo Andrés Córdoba Arenas, que recuperó la libertad el pasado 27 de diciembre.
Según la Defensoría del Pueblo, los municipios de este departamento con mayor número de reportes de homicidios son Saravena, con 119, Tame, con 82, Arauquita, con 51, Arauca con 48, Fortul, con 46, Puerto Rondón con cinco y Cravo Norte con uno, para un total de 352 homicidios en 2022.
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