Violencias desconocidas y silenciadas: introducción al capítulo ‘Mi cuerpo es la verdad’

En Colombia el cuerpo de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ fue un lugar de conflicto que los actores armados, legales e ilegales, usaron como botín de guerra. Durante años las víctimas fueron invisibilizadas y sus historias se silenciaron por el temor a hablar en voz alta de algo que se consideraba “íntimo”.

Lo que no se nombra, no existe. Por eso consideramos histórico el hecho de que el informe final de la Comisión de la Verdad incluyera las violencias reproductivas: todas esas acciones u omisiones que afectaron el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su salud y su vida reproductiva —si querían tener hijos, cuántos y cuándo, por ejemplo—. Es la primera vez en la historia que una comisión de la verdad logra llegar a ese nivel de detalle.

Como organización de la sociedad civil, el Centro de Derechos Reproductivos aportó dos informes a la Comisión de la Verdad de Colombia para entender cómo la guerra afectó de manera diferenciada a las mujeres y niñas. El primero, titulado ‘Una radiografía sobre la Violencia Reproductiva contra mujeres y niñas en el conflicto armado colombiano’ concluyó que todos los actores armados ilegales, así como algunos miembros de la Fuerza Pública, ejercieron violencias reproductivas sobre niñas, jóvenes y mujeres; con prácticas que incluyeron anticoncepciones forzadas, esterilizaciones forzadas, embarazos por violación, maternidades forzadas, abortos forzados y otras violencias que de forma directa o indirecta afectaron la autonomía reproductiva.

El segundo informe, llamado ‘Salud reproductiva y glifosato en el contexto del conflicto armado’, dio cuenta de los impactos negativos que las aspersiones con glifosato tuvieron en la salud reproductiva de las mujeres que residían en las zonas rurales, a partir de evidencia científica. Entre los principales hallazgos están las afectaciones en la fertilidad, abortos involuntarios, efectos perinatales y efectos transgeneracionales (es decir, efectos nocivos del glifosato en segundas generaciones que afectan el rendimiento reproductivo).

El reconocimiento de estas violencias que hizo la Comisión de la Verdad fue esencial pues hablamos de derechos reproductivos que deben ser reconocidos como derechos humanos. Y la vulneración de estos derechos está asociada a un contexto de discriminación histórica basada en estereotipos de género pues, tal y como lo documentó la Comisión de la Verdad, las violencias reproductivas casi siempre vienen acompañadas de la violación a otros derechos como el acceso a la información, la atención en salud, y los derechos a vivir una vida libre de violencias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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La sociedad colombiana necesitaba oír a las víctimas de las violencias basadas en género, incluidas aquellas reproductivas, para entender las dimensiones de crueldad que alcanzó esta guerra. Era necesario que nos enteráramos de que en los pueblos, ciudades y selvas hubo mujeres que no solo fueron violadas, sino también forzadas a abortar o a continuar con embarazos que nunca quisieron, según la voluntad de sus victimarios. Y que las más afectadas por estas acciones fueron, precisamente, las que vivían en condiciones más difíciles: las campesinas, migrantes, con sexualidades diversas, y pertenecientes a minorías raciales y étnicas.

Era imprescindible que reconociéramos, a través de los relatos de las más de 10.864 víctimas, que el control de su cuerpo les fue arrebatado con la imposición de anticonceptivos que no deseaban, la esterilización forzada, aún cuando soñaran con ser madres de nuevo; o la pérdida de sus embarazos y el deterioro de su salud, producto de aspersiones con glifosato.

El informe final no solo es histórico porque se reconocieron las violencias reproductivas como una forma de someter a las mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. El equipo liderado por el padre Francisco de Roux y la comisionada Alejandra Miller le habló de frente a la sociedad y al Estado, entregando las recomendaciones que serán la base para que estos hechos no se repitan.

Recomendaron, por ejemplo, crear la categoría de violencia reproductiva para que quienes sufrieron de estas vulneraciones puedan ser reparadas conforme al ordenamiento jurídico colombiano y renunciar definitivamente a las aspersiones con glifosato, para que ninguna otra mujer tenga que morir, como le sucedió a Yaneth Valderrama, una campesina que perdió su embarazo, enfermó y murió, luego de que el Estado rociara con herbicida la casa en la que vivía con su familia.

Incluso la Comisión pidió implementar la sentencia C-055-2022 (conocida como Sentencia de Causa Justa) para garantizar que las personas puedan acceder a servicios de salud reproductiva, incluida la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, sin que haya discriminación u obstáculos en el sistema de salud.

No queremos más violencias invisibilizadas y desconocidas, y como sociedad necesitamos reconocer que la maternidad será deseada o no será. Las víctimas ya hicieron su parte al tener la valentía de contarnos sus historias a pesar del dolor que les produce, y ahora es función del Estado reconocerlas y repararlas. Pero la tarea de conocer lo sucedido para que no se repita es de toda la sociedad. No podemos fallarles.

* Directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

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