Una marca imborrable: las violencias sexuales y reproductivas durante el conflicto armado en Colombia

“Yo no entiendo hasta dónde esos animales llegan, ¿cómo hacen las dos cosas a la vez?, ¿cómo acuchillan y le hacen sexo a una mujer?”, cuestionó Amalia, una víctima indígena que vivió una de las masacres más crueles del país, la de Mapiripán, Meta. Era 15 de julio de 1997 cuando llegaron los paramilitares de la Casa Castaño junto con miembros del Ejército Nacional al municipio. Ese día “fuimos varias las mujeres violadas”.

Los jefes Carlos y Vicente Castaño enviaron a un centenar de hombres al municipio, donde al menos 70 personas fueron asesinadas. En el cuerpo de las mujeres quedó grabada una de las peores formas de ejercer terror y los victimarios se justificaron en la supuesta cercanía que ellas tenían con los enemigos. “El cuento fue que yo era una guerrillera que estaba en recuperación por un aborto, cuando yo estaba era que me moría de un paludismo que tenía”, explicó Amalia a la Comisión de la Verdad.

Los paramilitares tumbaron la puerta de su residencia, “me rompieron la pijama con una puñalada”, detalló la entrevistada y le dejaron marcas en la cara, en los senos, en las piernas e incluso, por un navajazo en la columna casi queda inválida. “En la parte anal y la vagina a mí me unieron, a mí me... ¡La violación mía fue muy desastrosa!”, aseguró la víctima, que no entiende cómo llegaron hasta ese punto.

La imagen se repitió sistemáticamente. “Pasaban las motosierras sobre las mujeres embarazadas, por la barriga, pa’ cortales los niños, pa’ matarlas a ellas”, precisó la testigo. En la calle principal se veían las partes de los cuerpos descuartizados y las cabezas a la orilla del río, junto con “niños muertos, niños en la barriga, mujeres muertas y con los niños así floreados por fuera, cortados a la mitad”.

En el tomo Mi cuerpo es la verdad, la Comisión le dio un espacio a las mujeres, niñas y personas LGBT+ de contar historias como las de Amalia. “Las víctimas pudieron hablar con la certeza de que eso no iba a tener un proceso judicial”, explicó a Infobae Alejandra Coll, una de las investigadoras que hizo parte de la escritura del informe.

Si bien aquellos que acudieron a las Casas de la Verdad no tuvieron que presentar pruebas ni enfrentarse a sus victimarios, los investigadores evidenciaron patrones. La violencia reproductiva fue uno de los tipos de afectaciones que detallaron, pues “la capacidad reproductiva fue una de las maneras de ejercer control por parte de todos los grupos armados”, comentó Cristina Rosero Ortega, asesora del Centro de Derechos Reproductivos, en entrevista con Infobae Colombia.

La entidad, que nació con el Acuerdo Final de Paz, tuvo en cuenta cuatro informes que expusieron las violencias reproductivas en contra de las mujeres y personas gestantes. Las organizaciones que pasaron dichos documentos fueron el Centro de Derechos Reproductivos, el Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar y Women’s Link Worldwide.

Para Rosero, existe una condición de base en esas violencias. “El contexto del conflicto lo que hizo fue potenciar esa tendencia a la discriminación de estas personas”, manifestó la asesora y recordó que Colombia es una sociedad extremadamente machista y patriarcal.

Esos testimonios fueron aún más difíciles de conocer debido al miedo y la vergüenza que rodea a las víctimas, pero también existe una dificultad para que los actores reconozcan esa responsabilidad. El Centro Nacional de Memoria Histórica afirmó que ningún actor “admite con franqueza haber violado, acosado o prostituido forzosamente a una víctima”.

En términos de reconocimiento, es más fácil confesar “el despojo, el desplazamiento forzado e incluso el asesinato, pero con la violencia sexual impera un profundo sentido moral que la convierte en un crimen horrendo”. Esas acciones ni siquiera deshumanizan a quienes las sufrieron, sino a aquellos que las cometieron.

El caso de Amalia fue uno de los tantos cometidos por los paramilitares en Colombia. La Comisión indicó que estos actores armados ejercieron una “profunda crueldad” en contra de las mujeres. “Me acuerdo tanto que nosotros nos la devoramos y quedó esta parte de la cabeza, que eso no nos lo podíamos comer”, narró Jacobo, exintegrante del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En ese relato, el exparamilitar contó cómo la tortura y la misoginia en su máxima expresión alcanzó niveles de canibalismo. La víctima era una fiscal “que había hecho una cagada” y aunque trató de escapar no lo logró. “El primer muchacho le metió un golpe y la tumbó —precisó el entrevistado—. Muchos muchachos ansiosos de estar con una mujer abusaron de ella”.

La víctima no aguantó tres horas viva tras la golpiza y el abuso; sin embargo, duró meses colgada hasta que “se acabó la piel y se acabó la carne”. Jacobo se cuestionó en su momento “¿cómo pudimos matar a una persona así?”, después de que le habían partido los brazos, las piernas, el estómago... La respuesta que encontró en ese momento por parte de sus compañeros y superiores era la misma.

—Usted coma y no pregunte, siga comiendo.

A los grupos paramilitares se les atribuye la mayor cantidad de violencias sexuales durante el conflicto armado. Seguido a ellos, están las guerrillas y las estructuras armadas legales. Y si bien estos crímenes han tenido diferentes magnitudes, los datos de distintas entidades demostraron que hubo un mayor escalamiento entre 1997 y 2005.

La investigadora Alejandra Coll expuso que existen varios tipos de violencias reproductivas como el embarazo forzado, el aborto forzado, la anticoncepción forzada y la maternidad forzada. Aunque podría hacerse una generalización sobre cómo operaban para la utilidad de cada actor armado, “la realidad de las mujeres, tanto civiles como combatientes, dependían de quien comandaba el bloque”.

En el caso de las Farc, cuando sufrió el ataque a Casa Verde —el centro de operaciones de la guerrilla—, su secretariado nunca volvió a estar junto y las comunicaciones se volvieron más complejas. “No había control total. Había comandantes que aplicaban las normas con mucha rigurosidad y otros que sencillamente lo pasaron por alto”, sostuvo Coll.

En contexto: El bombardeo a Casa Verde y la otra ola de guerra deshumanizante entre las Farc y el Estado

La maternidad forzada fue una de las cosas más difíciles de probar en ese sentido. “Eran casos en los que alguna mujer combatiente o la mujer de un comandante lograba llevar a término un embarazo y resultaba inconveniente tener a un bebé recién nacido en un campamento”, expuso la experta. La solución era entregarlo a familias campesinas amigas, que terminaron asumiendo ese rol de cuidado.

Por otro lado, las mujeres —de las cuales muchas llegaron a las filas cuando eran menores de edad— habían normalizado lo que pasaba con sus cuerpos. “Pensaban que así funcionaba el periodo menstrual, la anticoncepción, los dolores” y lo cierto es que lo que realmente se había instaurado como una norma era la anticoncepción forzada, en la octava conferencia de las Farc en 1993.

“Todas esas violencias tienen que ver con la salud reproductiva y la autonomía de cuándo maternar y cuando no”, puntualizó la investigadora y señaló que las mujeres no tenían la potestad para decidir ni siquiera qué anticonceptivo tomar. “(Las Farc) privilegiaban métodos que suspendieran la menstruación porque para ellos resultaba mucho más ‘práctico’”, sin reflexionar en las afectaciones a la salud que pudieran sufrir.

Rosiris, una excombatiente indígena de la guerrilla, manifestó que de todas las violencias, la que más le preocupaba eran los abortos forzados. “Creo que eso es lo que más afecta a las mujeres, incluso más que... cualquier otra cosa, que les haya tocado, andar mucho o hayan tenido acosos y cosas de esas”, indicó la entrevistada por la Comisión.

Durante los diálogos de paz, esa situación fue minimizada. “La mayoría de los comandantes decía que ‘un aborto es como quitarse una espina’”, dijo Ginna, una excombatiente del Bloque Oriental de las Farc, pero una mujer no se quedó callada: “No opinen de lo que no saben, no opinen de ese tema”.

En la unidad del Mono Jojoy, Gina conoció a alguien que tuvo nueve abortos y si bien hay más casos que denotan el dolor de las víctimas en sus recuerdos, solo se puede generalizar en una cosa, según Cristina Rosero: “El único patrón en el que podríamos coincidir es que se considera a las mujeres inferiores y por eso se les controla de formas diversas”.

Ante todos esos hechos, más de una mujer se hizo la pregunta que rondó la cabeza de Amalia cuando vio lo que hicieron en la masacre de Mapiripán y quizá la hagan al leer el tomo de la Comisión de la Verdad.

—¡Dios mío!, ¡¿dónde está la justicia?!

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