No le cesan los cuestionamientos a la Cámara de Representantes por la presunta falta de austeridad. Primero, se conoció que se gastaron una millonada en la realización de las novenas navideñas y, en las últimas horas, se filtró nueva información, de que desecharán varios carros, camionetas y motos que tendrían, apenas, entre 5 y 6 años de uso pero que a los representantes ya no les servirían por “obsoletas”.
Así lo reveló la revista Cambio en los últimos días. Ese medio tuvo acceso al contrato que se suscribió en octubre pasado donde se informa que los 47 vehículos, avaluados en más de 3 mil millones de pesos, serán cambiados por unos completamente nuevos.
El argumento, según deja ver el documento firmado por Jorge Castro, jefe de la División de Servicios de la Cámara, es porque el mantenimiento de las camionetas, así como de los demás vehículos, estaría siendo muy costoso. Además, por su supuesta vejez, pondría en riesgo la seguridad e integridad de los honorables congresistas.
“Le recomendamos a la Honorable Cámara de Representantes que hagan el esfuerzo de modernizar la flota ya que estos vehículos tan viejos son un peligro para la integridad de los congresistas y una bolsa sin fondo donde se invierte dinero que a la postre no remedia nada por sus consecutivas fallas de los automotores por su obsolescencia es pertinente un cambio en el menor tiempo posible”, señala el texto, adjuntado más abajo en este artículo.
Sin embargo, pese a que desde el Congreso estipulan que los vehículos que les entregan tiene una vida útil de, aproximadamente cinco años, es claro que pueden durar mucho más y contribuir con la austeridad que el gobierno de Gustavo Petro y el mismo legislativo colombiano han prometido desde que se posesionaron el 7 de agosto y el 20 de julio, respectivamente.
Inclusive, dentro de los argumentos para renovar las lujosas camionetas marca Toyota está que no solo cumplieron su vida útil, sino que su depreciación obligaba a ese considerado polémico cambio. Dicen que para avalar esa iniciativa se rigen por los correctivos “soportados en el contrato CPS_1132_2022, -donde se- constituyen altos gastos de funcionamiento anuales para la Entidad”, señala el texto.
Eso sí, no perdieron oportunidad para asegurar que, pese a que renovarán esos vehículos, siguen cuidando los recursos del Estado colombiano y propendiendo del erario público “aplicando principios de eficiencia, austeridad, eficacia, impericia, absteniéndose de utilizarlos en provecho propio o de terceros y ante todo encaminados a su conservación y cuidado”, agregan.
“Se hace necesario adelantar gestiones administrativas para depurar la información contable con el fin de que los estados financieros revelen la realidad económica y patrimonial de las mismas”, añadieron.
Para tomar esa determinación, dice el documento, se realizó una serie de mecanismos que definieron el estado de los vehículos. Este trámite estuvo a cargo de la empresa Combsucol SA, que se encargó de “el servicio de diagnóstico técnico mecánico (avalúo comercial y peritaje) de los vehículos del parque automotor de la Cámara de Representantes”, reza el texto.
Dicen, además, que ese gasto se justifica atendiendo al llamado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que busca garantizar la seguridad de los miembros del Congreso de la República.
“La exigencia de vehículos blindados tipo IIIA se justifica en que la Cámara de Representantes, con el fin de implementar las políticas de austeridad del gasto, prevé que algunos funcionarios de la Entidad, requieren vehículos blindados de acuerdo con los estudios de seguridad, servicio que en el momento es prestado por la Unidad Nacional de Protección a través del convenio interadministrativo CI_1529_2022″, señalaron.
Aquí, todas las especificaciones:
Por ahora, el presidente de la Cámara de Representantes, el congresista David Racero, del Pacto Histórico, no se ha pronunciado al respecto.
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