Grupos armados tendrían una ‘escuela de sicarios’ en el Atlántico

Un panfleto que declaró como objetivo militar al alcalde de Sabanalarga (Atlántico) Jorge Manotas, a uno de sus hermanos, al gerente del hospital del municipio y al presidente del Consejo Municipal, tiene en alerta a las autoridades, que especulan que en esa población y en Baranoa, Polonuevo, Repelón y Luruaco, municipios vecinos, hay asentadas poderosas bandas criminales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico en esa zona del país.

Además de los hechos mencionados, el cobro de extorsiones a comerciantes ha aumentado, acompañado de 20 homicidios en lo que va corrido del año. Uno de estos asesinatos se registró el pasado 5 de noviembre, cuando encontraron en Sabanalarga el cuerpo descuartizado de José Castillo Querales, un joven venezolano de 25 años.

El más reciente fue el pasado 24 de diciembre, cuando se encontró en el mismo municipio un cadáver en una bolsa de plástico con un cartel que anunciaba una especie de limpieza social.

“Damos nuestro cordial saludo a la población de Sabanalarga. Queremos por medio de este comunicado oficial manifestarle al pueblo que venimos trabajando en pro del bienestar y seguridad de la comunidad. Somos los responsables de las muertes que han venido sucediendo en este pueblo para limpiarlo de todas las lacras, jíbaros (…)”, dice el cartel.

Según informó el periódico El Tiempo, habría una ‘escuela de sicarios’ en esa zona del país donde estarían entrenando incluso menores de edad. La Policía le manifestó al medio mencionado no conocer acerca de ese tema y el alcalde le manifestó que no existe la certeza de la existencia de ese sitio.

No obstante, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo indica que habría un campo de entrenamiento, similar a los que en su momento usaban los grupos de paramilitares, lo que confirmaría la versión de la escuela de sicarios.

Aquella alerta asegura que grupos como el Clan del Golfo, los Rastrojos, los ‘Costeños’ y los ‘Pepes’ tendrían una fuerte presencia en esa zona del país, donde estarían aumentando las violaciones a los derechos humanos.

El informe señala también que en una finca cercana a Sabanalarga “estaría ubicada una base para el entrenamiento militar de niños, niñas y adolescentes que son usados para actividades de vigilancia, transporte de armas y elementos de apoyo para los grupos ilegales, tráfico de drogas, hurtos, extorsión y hasta explotación sexual”.

“Jóvenes son adoctrinados en este centro para ponerlos a trabajar para los grupos armados en temas relacionados con extorsiones y sicariato”, le dijo un líder local a El Tiempo, que por razones de seguridad no entregó su nombre.

Además, la misma fuente le agregó al medio mencionado que “las fincas que están alrededor del embalse del Guájaro son utilizadas como caletas, se entierra la droga que llega y cuando tienen una cierta cantidad la sacan para su distribución”.

Según le indicaron investigadores al periódico El Tiempo, diversos grupos criminales estarían migrando hacia esa región debido a los operativos de las fuerzas armadas y por divisiones internas con la política de la Paz Total del presidente Gustavo Petro entre quienes quieren acogerse y quienes no.

Por otra parte, desde la Defensoría del Pueblo explicaron que “el municipio y territorios cercanos representan un corredor geoestratégico porque conecta al interior del país con la zona portuaria de Barranquilla, Cartagena y los Montes de María, ruta que también es utilizada para el tráfico de drogas, armas y mercancías ilegales”.

Luis Fernando Moreno, personero de Sabanalarga, le aseguró a el diario colombiano que en la zona hay una guerra entre grupos armados por temas de microtráfico.

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