Las víctimas de la masacre del municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar, que ocurrió en la noche del 8 de enero del año 1999, habían entablado una demanda contra el Ministerio de Defensa, porque las fuerzas armadas omitieron el pedido de auxilio de la comunidad, quienes veían como más de medio centenar de paramilitares llegaron al pueblo por el río Magdalena y le quitaron la vida unas 14 personas, además de cometer otros crímenes, como el secuestro.
El proceso iniciado por los familiares de los asesinados fue un recurso de reparación, donde le exigían al Estado que respondiera por la inasistencia de la Policía, Ejército, la Armada, y demás entidades que pudieron haber evitado la tragedia. De hecho, según algunos de los reportes, cuando los paramilitares se tomaron el pueblo, lo que hicieron fue acuartelarse en sus instalaciones.
“La Sala, en consecuencia, no encuentra razonables los argumentos de las dos entidades demandantes, que sostuvieron que no se les podía imputar responsabilidad porque había mediado el hecho de un tercero. Ciertamente, la masacre fue cometida directamente por los miembros de las autodefensas, pero eso sólo fue posible por las omisiones de las fuerzas armadas, lo que asegura la incidencia de la falla del servicio en la ocurrencia del daño”, expone el fallo del Consejo de Estado, dándole la razón a las víctimas, y negando las excusas presentadas por las autoridades que no acudieron al rescate de la comunidad.
Para entender un poco lo que reclaman las víctimas, hay que hacer un breve recuento de los hechos; según Rutas del Conflicto, sobre la media noche del 8 de enero de 1999, por orden directa de Carlos Castaño, un grupo de unos 60 paramilitares llegaron en lanchas al municipio. Los criminales se tomaron bares, billares y discotecas, donde comenzaron a escucharse disparos, costándoles así la vida a 14 personas, dejando varios heridos y secuestrando a otras tantas.
“Las primeras cinco víctimas cayeron en el billar Puerto Amor. Luego los ‘paras’ fueron al bar El Paraíso donde mataron a seis personas y finalmente atacaron la discoteca El Espejo. Allí, los clientes se habían encerrado al escuchar los disparos, pero los paramilitares los obligaron a salir amenazándolos con lanzar una granada por una de las ventanas y luego asesinaron a tres de los clientes. Varias personas quedaron heridas en los hechos#, detallan desde Rutas del Conflicto.
Calles oscuras, fallas en la comunicación y acuartelamiento, esto dijeron las fuerzas armadas
El magistrado Alberto Montaña fue quien llevó el curso de este caso, y determinó que la fuerza pública no tiene como argumentar esta omisión de sus funciones, pues hay registros que la Policía, la Armada y el Ejército recibieron los llamados de auxilio.
Según el registro, la Policía al notar la incursión, el comandante de la estación del municipio activó un plan de defensa, protegiendo solamente las instalaciones de la institución, supuestamente porque consideraban que eran guerrilleros que hostigarían a los uniformados. Hasta entradas horas de la madrugada pudieron notar que el ataque había sido perpetrado por paramilitares, esto mientras hacían el recuento de los muertos.
El Consejo de Estado también aseguró que la Armada recibió una llamada de auxilio, y aunque el comandante de la unidad ordenó el despliegue de la flotilla, no los dejó partir por que el río estaba muy oscuro:
“El comandante adujo que estaba muy oscuro y que las condiciones del río no permitían zarpar porque su nivel aumentaba el riesgo de encallar, a su vez, el riesgo de ser atacados por grupos al margen de la ley (...) Navegaron sin novedad y llegaron a San Pablo a las 6:00am, cuando los paramilitares ya habían huido sin contratiempos, por el mismo río que, según el comandante de la Armada era innavegable”.
Por parte del Ejército, según el fallo, ni siquiera contestaron los llamados, a tal punto que ni siquiera al alto tribunal le dieron respuestas o explicaciones de lo sucedido. La conclusión fue que injustificadamente abandonaron el casco urbano del municipio, justo cuando iban a llegar los paramilitares y regresaron una vez se consumó el crimen:
“Esta subsección declaró que, en efecto, el Ejército también había incurrido en una conducta que había facilitado la incursión armada y la muerte de las víctimas”.
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