Ministro de Justicia advierte que si los voceros de paz reinciden en actos delictivos volverán a la cárcel

El pasado 21 de diciembre, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio a conocer que Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo Súa fueron los primeros integrantes de la primera línea designados como voceros de paz. Ambos tenían la condición de sindicados y estaban recluidos en las cárceles de Girón (Santander) y el Pedregal (Medellín), respectivamente.

Ante estas designaciones, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, emitió una dura advertencia a los recién cobijados por esta medida, y dijo que si reincidían en la comisión de delitos, automáticamente volverán a prisión. En ese sentido, precisó que el propio presidente de la República anularía su papel como voceros, perdiendo con esto sus beneficios otorgados.

Al respecto, el jefe de la cartera de la Justicia y el derecho precisó que los liberados “adquirieron unos compromisos con el comisionado de Paz de desarrollar unas labores de desescalamiento de la conflictividad social, unas labores humanitarias y tendrán que empezarlas a cumplir desde hoy mismo”. En esa medida, enfatizó en que no pueden volver a cometer actos delictivos.

En caso de que los cometan, advirtió que “por supuesto, el presidente revocará las vocerías y sí se rompieron los compromisos, entonces se volverá a aplicar la situación anterior más los delitos que hayan cometido”. Y si bien recalcó que, protestar no es un delito, sí hizo la precisión de que si cometen dentro de manifestaciones, también se les revocaría la designación como voceros.

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Ahora, con respecto a los siete primeros detenidos en protestas que serán designados como voceros, faltan cinco de ellos para ser liberados; ellos son Álvaro Andrés Duque, Bremmen Hinestroza, Laura Camila Ramírez, Juan Sebastián Galeano y Arles Andrés Bolaños.

Los dos detenidos que recuperaron su libertad fueron capturados por participar en las protestas en contra del gobierno de Iván Duque.

“Fue dada boleta de libertad para uno de los chicos de la primera línea que estaba en la cárcel de Palogordo por los delitos de concierto para delinquir, obstrucción de vías y lanzamiento de objetos”, dijo Adriana Lizarazo del Comité de Solidaridad con los presos políticos.

Con respecto a esta figura contemplada en el decreto 2242 de 2022, la cual permite también la creación de la Comisión Intersectorial para discutir quiénes pueden ser cobijados con esta medida, el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha insistido en que no afecta la competencia de los jueces que, en últimas, son los que tienen en sus manos los procesos de quienes sean liberados en los próximos días.

“Mantenemos inquebrantable la separación de poderes y el respeto a su decisión. Por esa razón, quienes tengan el beneficio de la libertad quedan sometidos al proceso judicial y a la sentencia porque es el juez que determina”, aclaró el funcionario. También dijo que, bajo ese panorama, quienes obtengan el beneficio de la libertad seguirán con el proceso abierto.

Eso es lo que no podemos hacer, ni violar la Constitución ni la separación de poderes que es una garantía democrática conquistada en una revolución en la calle”, manifestó Prada el pasado 19 de diciembre desde Puerto Rellena, en Cali.

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