Gobierno ampliará la renta básica mensual para exintegrantes de Farc hasta junio de 2023

El Gobierno de Gustavo Petro decidió ampliar hasta el 30 de junio de 2023 la renta básica que se le entrega a los excombatientes de las Farc, que se acogieron al Acuerdo Final de Paz en 2016 y están en proceso de reincorporación. El dinero —que corresponde al 90 % de un salario mínimo legal vigente— beneficiará a casi 12.000 personas que están registrados en el sistema de información de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

“Se hace necesario prorrogar su duración para los efectos de dar continuidad al reconocimiento de la asignación mensual en favor de la población en proceso de reincorporación”, detalló la ARN en un comunicado de prensa. Asimismo, destacó la necesidad de “establecer las condiciones para acceder al citado beneficio durante esta fase, acorde con lo expuesto en las anteriores consideraciones”.

Caracol Radio conoció el documento que precisa quienes no pueden aplicar a la asignación mensual: el exintegrante de las Farc que devengue más de cinco salarios mínimos, que tenga una sentencia judicial penal ejecutoriada por delitos dolosos cometidos después del 1 de diciembre de 2016, tener una orden judicial, contar con exclusión o revocatoria del listado de acreditación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Cabe recordar que ese apoyo a los excombatientes ya había sido prorrogado hasta diciembre de 2022; sin embargo, el Gobierno nacional vio la necesidad de extenderlo seis meses más. “El presente acto administrativo tiene por objeto prorrogar la fase de transición prevista para el reconocimiento de la asignación mensual en el marco del proceso de reincorporación hasta el 30 de junio de 2023″, se lee en la resolución.

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El pasado 2 de diciembre, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) emitió un reporte que detalla la situación de los líderes sociales y firmantes del Acuerdo Final de Paz. De acuerdo con la organización, desde 2016 han asesinado a 343 excombatientes, de los cuales 38 fueron en 2022.

La problemática generó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciara un seguimiento a la implementación de lo pactado. A la entidad llegó la información gracias al partido político Comunes —conocidos antes como las extintas Farc—, pues el movimiento busca proteger a los firmantes del acuerdo.

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“Teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue cerrado y la CIDH ha decidido dar seguimiento a la presente situación en el marco de sus labores de monitoreo a través de la relatoría del país”, se lee en una misiva enviada por la comisión al canciller Álvaro Leyva.

Indepaz resaltó los esfuerzos del Gobierno de Gustavo Petro para iniciar negociaciones con diferentes grupos armados ilegales; sin embargo, “no se están presentando las garantías suficientes para evitar tragedias como con los firmantes”. Eso puede generar que los diálogos que —como el que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— tengan cierto nivel de secretismo.

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