Tras cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, los asesinatos y atentados contra excombatientes y firmantes de esos acuerdos, no cesan. Por ello, recientemente, el partido político Comunes, que conforman los integrantes del antiguo grupo armado, exhortaron al Gobierno a tomar medidas urgentes.
Esta solicitud se conoce luego de que se conocieran nuevos atentados contra algunos exguerrilleros que trabajan en la implementación de lo acordado en La Habana, Cuba. Varios de ellos, como Franklin González Ramírez, que es enlace de reincorporación, son comparecientes en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Además, recientemente, se confirmaron los atentados de dos firmantes más: Danna Michelle Lozada, miembro de la Asociación de Mujeres Huilenses por la Paz y Jeison Fabián Díaz, ultrajado hace unos días en Neiva, la capital huilense.
En medio de estos violentos sucesos, el partido Comunes, a través de su Consejo Nacional de Reincorporación, le exigió al gobierno del presidente Gustavo Petro que ejecute, cuanto antes, las estrategias para detener las agresiones contra los desmovilizados y se cumpla, a rajatabla, lo estipulado en el acuerdo del Teatro Colón.
“Es hora de pasar a la acción, basta ya de mensajes de solidaridad o promesas que no presentan soluciones prácticas a esta situación que evidentemente es sistemática y busca debilitar el compromiso de quienes se mantienen firmes en la paz”, reiteraron desde Comunes.
Consideraron, además, que los hechos violentos de los que han sido víctimas los excombatientes “atenta contra la construcción de la paz total”, que es la estrategia con la que el Gobierno nacional busca ponerle fin al conflicto armado colombiano que, desafortunadamente, sigue vigente y cada vez más cimentado en el país.
La colectividad denunció, otra vez, que desde que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo de Paz, se han asesinado a, al menos, 350 firmantes, por lo que consideraron que, en el llamado gobierno del cambio, se debe propender por la seguridad de quienes acordaron la paz.
Luego de hacerse este llamado al Gobierno central, en Neiva realizaron plantones y manifestaciones para rechazar los atentados contra los citados personajes quienes, según Comunes, salieron ilesos y se encuentran en sus hogares esperando respuestas por parte del Estado.
Varios huilenses llegaron hasta la sede de la Defensoría del Pueblo de ese departamento para exigir acciones en aras de evitar más violencia contra los excombatientes. Una de las que cuestionó lo conocido en las últimas semanas fue Omaira Rojas, quien se conocía como Sonia cuando militaba en las Farc.
“Esta situación de seguridad es a nivel nacional, tener uno un carro, un esquema y dos o tres muchachos que lo acompañen a uno, eso no es seguridad. Falta la seguridad en muchos temas, no solo para los firmantes sino para la población en general, la Unidad Nacional de Protección tiene un proceso muy lento, uno va a allá y lo que le dicen es que no hay dinero”, señaló la excombatiente citada por la emisora RCN Radio.
En medio de estos plantones, desde la Defensoría de ese departamento anunció una serie de medidas que, en unísono con las autoridades nacionales y departamentales, están implementando para preservar la vida de esa población. “Nosotros venimos haciendo un acompañamiento, nos corresponde identificar los riesgos y en lo concerniente a los firmantes de la paz. Hemos dejado claridad en que existe para esta población un alto riesgo. A quienes les han hecho estudios y les han implementado medidas de protección tienen dificultades porque han sido víctimas de atentados o sus vehículos han sido averiados”, agregó la defensora encargada.
De acuerdo con cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) ya son 39 los firmantes de paz asesinados en 2022 desde la firma del Acuerdo de Paz.
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