La inyección de más de un billón de pesos que se iba a destinar para las universidades públicas de Colombia, la cual sería recolectada a través del parafiscal Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia, se quedó en promesas por la falta de rigurosidad para el recaudo por parte de entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Ministerio de Educación Nacional. A esa conclusión llegó una auditoría de la Contraloría General de la República.
La Ley 1697 de 2013 creó la “Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”, un cobro destinado específicamente para estos planteles de educación superior, el cual estaba proyectado para 20 años: en el primer lustro se recaudaría un 70 % de recursos para la Universidad Nacional y el 30 % restante para el resto de planteles. Las asignaciones se invertirían a partir del sexto año.
“Aquí se crea un impuesto con el objetivo de mejorar la infraestructura física de las universidades, la infraestructura tecnológica y aportar al bienestar estudiantil, es decir, a inversión en las universidades públicas”, explicó a Infobae Colombia el representante estudiantil de la Universidad Nacional, Ronald Vargas.
El pasado 20 de diciembre se cumplieron nueve años de la aprobación de esta ley, pero el recaudo no ha sido el esperado. “En su momento, el Gobierno de Juan Manuel Santos prometió que se iba a recaudar un montón de plata: más de un billón de pesos fue lo que prometieron en su momento. Sin embargo, lo que se evidenció durante el paso de los años es que se recaudó muy poquito”, mencionó Vargas.
“Para el 2020 se han recaudado solamente 305.000 millones de pesos, de los cuales a la Universidad Nacional le quedan alrededor de 266.000 millones, muy lejos de la meta que se había planteado en ese momento el gobierno”, explicó el representante.
Desde la Universidad Nacional fueron enviados varios derechos de petición para acceder a las cuentas del recaudo de la estampilla, dado que “siempre hemos tenido sospechas de que hay un montón de plata que está faltando”. Gracias a ello, dijo Vargas, pudieron determinar que Ecopetrol dejó de pagar unos 260.000 millones.
Ante este panorama, la universidad inició un proceso ante la Contraloría para que se investigara este recaudo. De forma especial, querían respuestas del Ministerio de Educación —que no habría hecho la aplicación de las tarifas— y de la Dian —que no habría hecho la fiscalización de los recursos—.
“Hay diferentes teorías, pero la que más se acerca es que hay una mala fiscalización de ese recurso, una mala aplicación de tarifas y que muchas entidades no han pagado esa estampilla. Entre esas estaría Ecopetrol, la ANI, Reficar, algunas CAR de algunos departamentos, entre otras entidades”, detalló el representante estudiantil.
El ente regulador encontró varias irregularidades tras su auditoría. Por ejemplo, que el ministerio no supervisó el recaudo: “algunos agentes retenedores no efectuaron la retención de manera oportuna y en consecuencia no se adelantaron acciones de fiscalización y cobro”.
Además, se usó más de una tarifa para calcular el valor para retener, “aun cuando el Ministerio de Educación Nacional y la Dian contaban con información amplia y suficiente para identificar el valor de cada uno de los contratos sujetos de retención”.
La Contraloría también detectó que algunas entidades pagaban la estampilla pasada la fecha límite, pero los agentes retenedores no cobraban los intereses de mora por el retraso. “El hallazgo que hace la Contraloría debido a esas malas praxis, tanto del Ministerio como la Dian, es que se han perdido 44.000 millones de pesos hasta ahora, por la mala aplicación de tarifas, por el hecho de la demora del cobro y los intereses de mora, en fin”, explicó Vargas.
Por ejemplo, según el documento, Ecopetrol habría dejado de retener los intereses de mora del parafiscal en los contratos que suscribió de 2014 a 2017. En algo similar habrían incurrido empresas de energía como Transelca, Electrocaquetá y Electrohuila, y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio).
Otras entidades simplemente habrían dejado de hacer las retenciones correspondientes, por lo que prescribió la acción de cobro. Es el caso de Colpensiones, el Banco Agrario, el Ejército, la Financiera de Desarrollo Nacional, la Corporacion Autónoma Regional Del Río Grande De La Magdalena (Cormagdalena), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) e Indumil.
No obstante, desde la Universidad Nacional no se quedaron con ese dato. También hicieron investigaciones propias, según las cuales la Estampilla habría dejado de recaudar más de 785 mil millones de pesos por responsabilidad de los agentes que no hicieron los cobros respectivos.
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