Exsenador Mario Castaño y 176 personas más fueron imputadas por corrupción en 2022, dice Fiscalía

Este miércoles 21 de diciembre, a diez días de concluir 2022, la Fiscalía General de la Nación entregó algunos balances sobre su acción contra el delito en Colombia. Con respecto a los 19 delitos asociados a la corrupción, el ente acusador señaló que 177 personas fueron imputadas este año; entre ellas, el exsenador liberal Mario Castaño y los mandatarios locales implicados en su red de contratación irregular.

Entre los 19 delitos relacionados con el abuso de poder y confianza, la Fiscalía enlista el peculado, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricato, cohecho y concusión. Para combatirlos se puso en marcha varias investigaciones: en ellas fueron halladas maniobras irregulares de contratación y actuaciones ilícitas para que los recursos públicos quedaran a manos de particulares.

La Dirección Especializada contra la Corrupción del ente acusador presentó un balance de 214 condenas y 177 personas imputadas por este tipo de delitos. Además, anunciaron la recuperación de 110 mil millones de pesos que pertenecían al erario. Por el momento, 796 procesos judiciales relacionados con corrupción están en etapa de juicio.

El ente acusador destacó varios casos asociados a corrupción en este balance anual. Uno de ellos es el del Fondo Nacional del Ahorro (FNA): este escándalo involucró a su expresidente, Helmut Barros Peña, así como los contratistas Edgard Antonio García y Óscar Ricardo Cruz, y el empleado de una fiduciaria, Germán Eduardo Manzanera.

Los imputados habrían participado en el peculado por más de 38.848 millones de pesos. Un contrato con un valor superior a los 68.435 millones de pesos habría sido suscrito de manera irregular. Los contratos eran direccionados presuntamente para favorecer las empresas de Cruz Sánchez y García Gámez, que a su vez tenían el aval de la financiera en la que laboraba Manzanera.

Las irregularidades a la hora de la adjudicación partían desde favorecer a una compañía que no tenía experiencia en la recuperación de cartera, tampoco era una entidad financiera, su capacidad de pago era limitada y no contaba con el músculo financiero requerido para ejecutar la labor con la que se comprometía.

No obstante, el golpe más grande que destacaron es el de la red de corrupción coordinada por el exsenador del Partido Liberal, Mario Castaño. “Habría direccionado la contratación de obras, bienes y servicios en entidades del orden nacional y en alcaldías de, por lo menos, siete departamentos”, mencionó Eduar Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción.

En ese entramado corrupto están implicados varios alcaldes de municipios como Villamaría, Aguadas y La Merced (Caldas), Piendamó y Suárez (Cauca), Armero Guayabal (Tolima) y Alcalá (Valle del Cauca), quienes aún tienen procesos abiertos por distintos actos, al parecer, corruptos.

En Villamaría se comprometieron 13.981 millones del erario en contratos irregulares. El alcalde, Andrés Felipe Aristizábal, fue imputado por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que aceptó. Fue enviado a prisión domiciliaria.

En La Merced hubo irregularidades en ocho contratos por un valor que superó los 3.460 millones de pesos. Por los hechos capturaron al alcalde, Jhonattan Manuel Vásquez Duque, y a la exsecretaria de planeación, Diana Agudelo Rincón. Les imputaron los mismos cargos y ambos los aceptaron.

En Aguadas se celebraron quince contratos anómalos por 4.767 millones de pesos. Por el hecho investigaron al alcalde, Diego Fernando González Marín; y a los contratistas Olga Lucía Botero Gómez, Mauricio Alberto Quiceno Cardona, Álvaro Hernán Suárez Brochero, Pablo Andrés Rodríguez Arbeláez y Kristian Andrés Marín Henao. En este caso, ninguno aceptó los cargos.

En Piendamó se comprometieron 11.520 millones del erario. Por estos hechos fueron capturados el alcalde, Víctor Hugo Franco Muñoz; los funcionarios de la alcaldía Gisela Vianey Castillo Rosero y Alexander Ortiz Muñoz; y los contratistas Paola Elizabeth Díaz Alvear, Juan Pablo Monteros Velasco, Diego Alexander Arango Díaz y Fredy Urbano Martínez. Todos aceptaron cargos y fueron enviados a prisión domiciliaria.

En Suárez hubo irregularidades en cuatro contratos avaluados en 6.636 millones de pesos. El alcalde municipal, Ronal Villegas Orlas, y la secretaria de planeación, Sandra Samara Sarria Erazo, aceptaron los cargos. En Alcalá se celebraron tres contratos irregulares con valores que ascendían a 4.702 millones de pesos. La alcaldesa, Gloria Raigoza, también aceptó cargos.

Finalmente, en Armero Guayabal, hubo un compromiso de 1.250 millones de pesos en un contrato de infraestructura. El alcalde, Medardo Ortega Fonseca, y la contratista implicada, Ruth Piedad Echavarría, no aceptaron los cargos y fueron enviados a un centro carcelario.

Con respecto al presunto líder del entramado, el senador Castaño, los fiscales a cargo del caso compulsaron copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para investigarlo. El exservidor público aceptó cargos y se acogió a sentencia anticipada.

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