La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le recomendó a la multinacional Glencore, como única propietaria de la mina Cerrejón en Colombia, que garantice “que sus políticas y medidas, de debida diligencia, fomenten una conducta empresarial responsable”.
Desde 2021, varias organizaciones nacionales e internacionales como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Christian Aid, ¡ASK, ABColombia y Global Legal Action Network (GLAN), han presentado cinco quejas ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE para denunciar los múltiples impactos de la mina operada por la empresa Carbones del Cerrejón.
De acuerdo con las organizaciones, las operaciones en la mina han generado un deterioro en la vida y los derechos humanos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de La Guajira, así como la falta de debida diligencia y el incumplimiento de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales.
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En su llamado, la OCDE le pidió a Glencore, que en el marco de sus deberes, mantenga un diálogo con ONGs y representantes de las comunidades wayúu y afrocolombianas afectadas por las operaciones de la mina.
El CAJAR explicó que las quejas fueron presentadas contra ESB (Electricity Supply Board), empresa estatal irlandesa que compra carbón de Cerrejón; CMC (Coal Marketing Company), con sede en Dublín, Irlanda, empresa que comercializó el carbón; y contra las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón: BHP, Anglo American y Glencore.
Para la organización social, durante el procedimiento, se presentaron graves irregularidades y asimetrías promovidas por el PNC suizo que le brindaron a Glencore impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las operaciones mineras de Carbones de Cerrejón en Colombia, “entre ellas la falta de acceso a la información y ausencia de garantías de participación para las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas”.
“Consideramos que el PNC suizo, al emitir una declaración en la que se limitó a reiterar los deberes existentes de forma genérica y no formuló recomendaciones sustantivas en relación con la gravedad de los hechos de abusos y violaciones documentados en la queja, no se ocupó de la tarea principal para la cual fue creado, esto es garantizar la implementación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”, explicó el CAJAR.
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En su declaración, el CAJAR también destacó que mientras el gobierno de Suiza no otorga garantías reales y efectivas de reclamación frente a la responsabilidad de Glencore en las violaciones cometidas por la empresa Carbones del Cerrejón, “la multinacional sí hace uso de sus garantías como inversionista, contenidas en el Acuerdo de Protección a las Inversiones Extranjeras firmado entre Colombia y Suiza, que le permiten demandar a Colombia por un fallo judicial que protegió los derechos humanos del pueblo wayúu”.
Finalmente, el CAJAR reiteró la insuficiencia de los mecanismos no judiciales para responsabilizar a las empresas multinacionales. “Casos como este, evidencian la necesidad de proferir una legislación vinculante en materia de debida diligencia y un tratado vinculante de empresas y derechos humanos que incluya escenarios reales de responsabilidad por los abusos del ilimitado poder transnacional corporativo”.
“La deficiencia en la atención de esta queja por parte del PNC suizo, la inobservancia de sus funciones y las obligaciones del gobierno y el Estado suizo en relación con el respeto a los derechos humanos conlleva a cuestionarnos sobre el grado de complicidad que genera la tolerancia a las violaciones y abusos de empresas. Ante este accionar, lo cierto es que el mecanismo voluntario se convierte en un escenario que enmascara las vulneraciones y la impunidad corporativa”, se lee en el reclamos de las organizaciones sociales.
Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, que se realizó en Bogotá en octubre pasado, Infobae Colombia habló con José Vladimiro Silva Duarte, líder de la organización indígena Nación Wayúu, finalista en la categoría proceso colectivo del año.
Aunque Nación Wayúu no está siendo representada por el CAJAR, y las otras organizaciones sociales en este caso ante la OCDE, sin han sufrido las acciones de las empresas multinacionales. Para Silva Duarte, la llegada del Cerrejón cambió la vida para siempre de las personas de su comunidad.
“Hace 40 años llegó con promesas de progreso, de riqueza, de cambio, de oportunidades. Antes de esa llegada, a nuestro territorio, nosotros éramos supremamente ricos, teníamos animales, trabajo, empleabilidad, todo para vivir, pero nos vendieron el extractivismo como una oportunidad, pero ha sido todo lo contrario. Ambientalmente nos acabaron, culturalmente nos apagaron y socialmente nos dividieron”, le dijo el líder indígena a Infobae Colombia.
Nación Wayúu defiende y promueve los derechos del pueblo wayúu, su labor se ha convertido en una herramienta para el resarcimiento de derechos, especialmente en la aplicación efectiva de la consulta previa, libre e informada permitiendo el reconocimiento de las afectaciones que han sufrido por parte de las empresas multinacionales que explotan recursos naturales en sus territorios ancestrales.
En su charla con este medio de comunicación, Silva Duarte subrayó que estas empresas utilizaron el término divide y reinarás para afectar a la comunidad wayúu. “Nos atacaron por ahí, se aprovecharon que somos un pueblo grande y disperso”.
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