Claudia López cuestiona la figura de los voceros de paz: “Nadie está en la cárcel por una protesta”

La administración del presidente Gustavo Petro ha recibido una ola de críticas y apoyos después de firmar la resolución que permitió designar como voceros de paz a siete jóvenes que fueron capturados durante las protestas del paro nacional en Colombia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó la iniciativa y recordó las acciones de la fuerza pública a favor de los derechos humanos.

“Hay una narrativa que es incorrecta. Yo no sé en el resto del país, pero en Bogotá nadie está en una cárcel por haber participado en una protesta”, afirmó la mandataria local y dudó que la mitad los capturados verdaderamente pertenezcan a la primera línea. “Eran unos delincuentes, una gente que usó armas, que torturó personas, que las secuestró —precisó López en una entrevista con Noticias Caracol—. ¿Eso qué clase de protesta es? Eso es un delito”.

La alcaldesa recordó que durante el paro nacional había una tensión entre los miembros de la Policía Nacional y la ciudadanía que salió a las calles a manifestarse en contra del Gobierno de Iván Duque. “El 9 de septiembre de 2020, algunos policías masacraron a 13 jóvenes de Bogotá, los mataron e hirieron a bala a otros 20″, aseguró la funcionaria y destacó el porqué se agudizaron las protestas.

Claudia López puntualizó que para solucionar esas confrontaciones fue necesario hacer un diálogo entre ellos y crearon el programa Parceros, para que los jóvenes tuviesen oportunidades de estudiar y trabajar. Aunque la labor de la fuerza pública también fue indispensable a la hora de “judicializar a quienes habían cometido delitos de derechos humanos” y entienden que su autoridad depende directamente de “la legitimidad que tiene con la ciudadanía”.

No obstante, la alcaldesa cuestionó la figura de los voceros de paz después de que se hayan judicializado y condenado a los implicados: “¿Ahora los vamos a sacar? Entonces, ¿cuál es el mensaje a los jóvenes? ¿Qué lo que paga es delinquir? Te sacan, te dan plata, te dan oportunidades”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, había explicado anteriormente que la medida es transitoria y pretende ayudar a “los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia”. Así pues, el decreto establece una Comisión Intersectorial que evaluará cada uno de los casos para determinar quién queda en libertad, que en su mayor parte serían sindicados y no condenados.

Por su parte, el jefe de la cartera del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada, explicó en qué consistes las tres figuras que contempla la normativa: los gestores de paz, los gestores de convivencia y los voceros de paz.

Los gestores de paz existen hace más de 20 años, de acuerdo con Prada, “han participado en los procesos de paz”. Son escogidos por organizaciones o por el Gobierno nacional para apoyar las negociaciones como la que hubo con la extinta guerrilla de las Farc o la que actualmente se está ejecutando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Los gestores de convivencia hacen parte de un proyecto del sistema de convivencia y pacificación que organizó hace cuatro meses el ministerio del Interior”, resaltó el portavoz. El propósito es vincular a 100.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad para “que nos ayuden en el cumplimiento de una labor: acompañar la conflictividad social”.

Los voceros de paz es una nueva figura que se creó con la Ley 2272 de 2022 para que “personas privadas de la libertad tengan la posibilidad de salir de su reclusión porque tienen delitos menores”. Algunos de ellos habrían sido capturados durante el derecho a la protesta e incluso pueden ser campesinos, indígenas, etc. “Por su liderazgo social y humanitario pueden ayudar en el territorio a que la conflictividad social baje”, añadió.

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