La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia archivar el caso abierto al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en contratación de mercados solidarios que fueron entregados durante la pandemia por covid-19. En las investigaciones no se encontró material probatorio suficiente para determinar si el acusado era culpable o no; por tal motivo, se desestimó la denuncia al considerar que no hubo ni detrimento, ni sobrecostos.
El gobernador fue demandado por un ciudadano en 2020 que lo acusó por las presuntas irregularidades en un contrato de alimentación para atender la crisis alimentaria en el departamento. La Gerencia Departamental de la Contraloría adelantó la cotización de los productos de los mercados solidarios en otros establecimientos de comercio de Magdalena para determinar si hubo posibles sobrecostos en el contrato.
Adicional a esta medida, se realizó la evaluación de los contratos por medio del valor de los productos al por mayor reportados por el sistema de información de precios y abastecimiento del sector agropecuario, los precios que en su momento tenía la cadena Almacenes Éxito y por último, un proceso de verificación directamente en uno de los supermercados de la cadena en Santa Marta.
El abogado Julián Quintana Torres fue quien demandó al gobernador por la participación en la contratación de los mercados que fueron entregados por la administración departamental en 2020; sin embargo, estas acusaciones no prosperaron y la Fiscalía solicitó archivar el caso.
“Las actividades a la selección del contratista se cumplieron a cabalidad por cada uno de los funcionarios de la Gobernación del Magdalena, entre ellas el estudio el mercado que finalmente sirvió como base para los precios pactados en el contrato 212″, sentenció el órgano fiscal, según declaraciones publicadas por El Heraldo.
En medio de una rueda de prensa, el gobernador crítico la persecución a la cual se le ha sometido.
“A interponer denuncias contra los que estamos trabajando de forma honesta por una comunidad. Todos los procesos que hemos ejecutado, en los tres años, nos los han judicializado unos congresistas y unos personajes, por ejemplo, abogados pagos por la mafia y gente que está metida en el saboteo constante y permanente. Lo que hacen es desgastar el sistema judicial. ¿Quién paga por eso?, los contribuyentes y a esas personas luego debería investigárseles”, concluyó Caicedo.
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Esta no es la primera vez que el gobernador es denunciado por irregularidades en la celebración de contratos. La Fiscalía investigó a Caicedo porque en su gestión como alcalde de la capital de Magdalena (2012 – 2015), tanto él como su sucesor, Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019), suscribieron contratos que fueron cuestionados y representaron una presunta renta ilícita de $4.129 millones de pesos.
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, inscribió ante la Oficina de Instrumentos Públicos las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas a 11 bienes del gobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar; y del exalcalde de Santa Martha, Rafael Alejandro Martínez”, señaló la entidad judicial en un comunicado oficial publicado en su portal web.
Los inmuebles, avaluados en más de 766 millones de pesos, habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales, solo uno fue terminado.
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