La teoría de que quienes consumen alimentos ultra procesados con azúcares y grasas, continuarán siendo consumidores asiduos sin importar los impuestos que estos productos tengan, ahora queda invalidada. Así lo dio a conocer recientemente la encuesta de Mobimetrics ‘Realidad económica de los colombianos 2023′ que se dio a la tarea de consultar a 2 mil personas a nivel nacional su percepción sobre la reforma tributaria.
En términos generales un 53 % de los consultados aseguró sentir preocupación por los efectos de tal reforma, mientras que solo un 35 % dijo sentirse optimista de cara al futuro y con la entrada en vigor de la misma.
En cuanto a los sentimientos que despierta la implementación de la reforma, un 6 % de los participantes manifestó sentir alegría por pagar más impuestos, otro 24 % aseguró sentirse con mayor esperanza y contrariamente, un 27% de las personas expresó sentir ansiedad, 21 % frustración y un 15 % enojo.
Sin embargo, cuando se indagó sobre cómo será su consumo de alimentos ultraprocesados y altos en azúcares refinados, un 71 % de los encuestados aseguró que disminuirá el consumo debido al aumento de precio y solo un 25 % afirmó que reducirá su consumo solo por cuidar su salud. Finalmente, un 3 % de las personas encuestadas afirmó que dejaría de consumir este tipo de alimentos por recomendación de su doctor.
Específicamente, en cuanto al consumo de gaseosas y carnes ultra procesadas, un 78 % de los colombianos aseguró que dejará el consumo de estas bebidas cuando comience a sentir el incremento en los precios y solo un 15 % de la población encuestada afirmó no consumir carnes ultra procesadas, mientras que el resto, es decir un 85 % afirmó sí comprarlas y consumirlas.
Así las cosas, cuando entre en vigor el impuesto en septiembre del 2023, el 63% de los consumidores afirmó que disminuiría su consumo y el 36% de las personas, asegura que continuará manteniendo estos alimentos en su dieta.
Implementaciones progresivas
Según la Cámara de la Industria de Alimentos de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), la entrada en vigor de esta reforma aumentaría de manera gradual hasta un 20 % el precio de venta de los alimentos producidos o importados que son denominados ultraprocesados. Esto significa que los principales cambios que comenzarán a sentirse partirán de un incremento del 10 % en el precio alcanzando el 20 % de manera progresiva hasta el 2025.
Eso implica que si bien para el 2023, el gobierno espera recaudar 1.27 billones de pesos, para el 2026, la cifra deberá ascender a 4.10 billones de pesos por este concepto.
Pese a la proyección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las preguntas de los analistas van más allá. Partiendo del hecho de que este tipo de medidas son comúnmente tomadas para respaldar el sistema de salud, cuando las proyecciones sobre aumento de las tributaciones, año tras año, dan cuenta un incremento, solo permiten evidenciar la intenciones de un recaudo, más no las intenciones por desincentivar el consumo para mejorar la salud de las personas. Esto, si sucediera al contrario, es decir, si la proyección resultara en menos recaudación, la medida sería realmente efectiva en cuanto a salud pública, más no como impuesto.
En ese orden de ideas, con las proyecciones arrojadas, podría inferirse que el objetivo es de recaudo, pues sumada a la posición de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, este impuesto no responde efectivamente a las necesidades de los consumidores.
Pese a la diversidad de posiciones, solo queda esperar cómo reacciona el mercado ante el consumo, pues si bien, la encuesta es solo un radiografía de un momento, el tiempo para la implementación de estos impuestos saludables todavía está por delante.
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