La Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó la primera demanda que busca la anulación de 10 contratos de arrendamiento de baldíos reservados de la nación en el Archipiélago Nuestra Señora del Rosario, por lo que le pidió al Tribunal Administrativo de Bolívar que, como medida cautelar de urgencia, permita la recuperación material de los predios.
La entidad dijo que sus primeros intentos de recuperar las primeras Islas del Rosario, como lo había anunciado hace algunas semanas, no han generado frutos porque no se logró llegar a acuerdos con varios de los actuales poseedores de estos predios.
Un primero motivo que encontró la ANT para presentar la demanda fue que en los contratos se pactó un arriendo inferior al 1 % del avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, violando el artículo 4 del Acuerdo 041 de 2006 que establece ese porcentaje.
En el mismo sentido, la entidad nacional pudo establecer que el 26 de enero de 2017 se denunció ante la Fiscalía General de la Nación que se celebraron contratos por un 77 % inferior al valor que debió pactarse.
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En un segundo punto, la Agencia Nacional de Tierras expuso que dichos contratos no fueron celebrados cumpliendo las solemnidades del artículo 5 del Acuerdo 041 de 2006.
“Los contratos fueron celebrados el último día de existencia del INCODER y contra expresa prohibición del artículo 3 del Decreto 2365 de 2015 que sólo permitía a la Entidad celebrar los actos tendientes a su liquidación”, se lee en la demanda interpuesta.
Asimismo, la ANT explicó que los contratos fueron celebrados con abuso o desviación de poder, porque:
1. Se suscribieron el último día de existencia del INCODER y contra expresa prohibición legal.
2. Se celebraron a pesar de la existencia en ese momento de contratos anteriores que vencían en diciembre de 2016.
3. Se cumplieron a pesar de que los arrendatarios se encontraban en mora con el Estado al momento de su firma.
El director de la ANT, Gerardo Vega, explicó que ha adelantado diversas reuniones con representantes de personas que ocupan estos predios:
“Para plantearles la necesidad del Estado colombiano de recuperarlos en beneficio de las poblaciones raizales y nativas, pero no logramos llegar a un acuerdo. Por eso iniciamos todo el proceso por las vías jurídicas y presentamos las primeras diez demandas de declaración de nulidad de contrato de arrendamiento y una medida cautelar de urgencia para la restitución inmediato de los mismos diez predios”, explicó el funcionario.
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Por último, la ANT hizo un llamado a la Rama Judicial para que evalúe este caso y le permita al Estado resguardar el interés general, y a la Fiscalía General de la Nación para que avance en el trámite de la denuncia radicada en enero de 2016.
Así las cosas, los primeros contratos que fueron demandados para ser recuperados son:
Isla Punta Brava: La cual actualmente figura bajo el poder de José Vicente Mogollón, exministro y excongresista.
Isla Latifundio y Minifundio: Figura bajo la tenencia de la Sociedad Inversiones y Desarrollo Barranco S.A. y el representante legal es Miguel Antonio Barranco García.
Isla Laguna Encantada: Actualmente, aparece bajo el poder de Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres, quien en su momento se desempeñó como secretario de Movilidad de Barranquilla y de Cristian Bellingrodt Salom.
Isla Techo Rojo: Se encuentra bajo la tenencia de Techo Rojo S.A.S. que tiene como representante legal a Bernardo Ignacio Escallon Mainwaring.
Isla Única: Aparece bajo el poder de la Sociedad Inversiones Inalbos S en C y que tiene como representante legal a Enrique Ricardo Alvarado Baños.
Isla Suanoga: Bajo el poder de Jairo H. Espitia Parra, quien a su vez registra como representante legal de Plaza del Ecuador S.A.S., que se dedica a actividades inmobiliarias.
Isla Casa Eden: Aparece bajo el poder de Rafael Viera Op Den Bosch.
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