Aunque en campaña, el presidente de la República, Gustavo Petro, se comprometió a implementar lo acordado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, de acuerdo con dos de los protagonistas de esos tratados, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, esto no se estaría cumpliendo como se debe.
Así lo plantearon en una declaración que recientemente hicieron pública donde realizaron una radiografía de cómo va el acuerdo de paz, que precisamente cumplió su sexto aniversario de haberse firmado el pasado 24 de noviembre. Hay que recordar que de la Calle fue el jefe negociador con esa guerrilla y Jaramillo fue viceministro de Justicia y y comisionado para la Paz. Ambos trabajaron el gobierno de Juan Manuel Santos.
En los primeros apartes recordaron que, cuando Petro se posesionó en agosto pasado, en su discurso anunció que cumpliría lo pactado en La Habana. Además, retiraron que el acuerdo de paz estuvo en peligro bajo el mandato del entonces presidente uribista Iván Duque, a quien señalaron de “construir su plataforma electoral sobre la base de su oposición al acuerdo”. Por ello, ven inconcebible la posición del actual jefe de Estado.
“Observamos con preocupación que las buenas intenciones no se traducen aún en avances en la gestión e implementación del Acuerdo”, aseguraron.
Luego, en seis puntos, dieron a conocer en lo que creen que el presidente Petro está errando. Por ejemplo, aunque destacaron la Reforma Rural que adelanta el Gobierno y felicitaron el destino de más recursos para el Ministerio de Agricultura, consideraron que no se están implementando los “16 Planes Nacionales de materia de desarrollo rural”; además, cuestionaron que el Ministerio de Salud no ha adoptado estrategias para el Plan de Salud Rural.
Además, plantearon como un “reto mayúsculo” que el gobierno Petro logre erradicar los cultivos ilícitos de coca que, a su juicio, se aumentaron durante el mandato de Iván Duque. Según los firmantes, estos llegaron a 204.000 hectáreas en el último año en que Duque dirigió a la nación.
Quizá donde más fueron vehementes, fue en la aún cimentada violencia en los territorios contra firmantes del acuerdo y líderes sociales. Allí documentaron con cifras la situación y aseguraron que planes como la Paz Total deben ir cargadas de seguridad para que, a su concepto, esta no fracase.
“La experiencia colombiana enseña que conversaciones de paz que no estén acompañadas de una estrategia eficaz de seguridad, fracasan”, expresan De La Calle y Jaramillo.
En el cuarto punto se cuestionó que, a vísperas de que se acabe el 2022, el Gobierno no ha designado “un responsable de liderar la ejecución del Acuerdo y la articulación de las diferentes entidades encargadas de su implementación”. Además, dicen que Danilo Rueda, que es alto comisionado de paz, no le alcanza el tiempo para atender ese tema por estar pendiente de las negociaciones con el ELN.
“Recientemente ha sido encargado formalmente de esas funciones el Alto Comisionado para la Paz, quien divide su tiempo entre las negociaciones con el Eln -cuyo reinicio celebramos vivamente-, los intercambios permanentes con organizaciones de crimen organizado en el campo y la ciudad, y sus otras responsabilidades en la Presidencia de la República”, manifiestan. Pero, exponen que “es humanamente imposible que el Comisionado, además de estas tareas, se encargue eficazmente de la implementación del Acuerdo de Paz”, señalaron De la Calle y Jaramillo.
En los cuestionamientos también se criticó que “tampoco ha sido nombrado un director en propiedad de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ni se ha creado como estaba previsto el Sistema Nacional de Reincorporación”. Los firmantes aseguran que eso pone en riesgo a los excombatientes. “El bienestar de 12.700 excombatientes de las FARC está en juego”, dijeron.
SEGUIR LEYENDO:
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/JPBIMPQ4SZGRHEBF2TAX4Z2NZ4.jpeg 265w){kind=small}
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7LE7XOMISJEB5CLZ4FEFGAL6SU.jpg 265w){kind=small}
